El presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa Nueva, Ignacio Tagni (foto), resolvió no aprobar una orden de pago a beneficio de Gustavo Le Roux, por 54.540 pesos, por el sistema de barrido efectuado en las calles de la ciudad durante setiembre pasado.
Para tal determinación, el funcionario radical remarcó que “no se ha seguido con los procedimientos correspondientes para la contratación de este tipo de servicios”, ya que la Carta Orgánica Municipal define diversos pasos legales que no fueron cumplidos por el Gobierno y el Concejo Deliberante (con su mayoría oficialista) a la hora de avalar la tercerización del servicio.
“En su artículo 57, la COM establece que se requerirá doble lectura para la aprobación de las ordenanzas que dispongan” diversos hechos, tales como “privatizar obras, servicios y funciones de la Municipalidad, otorgar el uso de los bienes públicos de la Municipalidad a particulares, otorgar concesiones de obras y servicios públicos” y “aprobar los pliegos de bases generales para la concesión de obras y servicios públicos”, todos ítems que quedan abarcados en este caso.
El 17 de julio pasado, el Concejo Deliberante autorizó al DEM, por mayoría (sólo con los votos de su bloque oficialista, es decir, los concejales del gobernante Unión por Córdoba), a realizar una convocatoria para otorgar el servicio de barrido con máquina barredora y aspiradora.
Y lo hizo pese a que la comuna contaba con el material necesario para cumplir el aseado de calles sin privatizar, aunque el Gobierno argumentó que no hay empleados para ese fin.
Si bien la sesión de ese día fue polémica, la controversia se engrosó después. Es que en aquella audiencia hubo un empate en la votación y desempató (a favor del llamado a licitación) el edil oficialista Luis Navarro como presidente, por ausencia de la titular del órgano legislativo, Graciela Isaguirre.
El radicalismo saltó en los días siguientes al advertir que con el llamado a licitación para otorgar el servicio de barrido la comuna lo estaba privatizando, por lo que se requería de doble lectura. Además, la comuna le otorgó a la empresa la barredora cero kilómetro que había recibido de parte de la Nación, lo que también demandaba doble lectura según la Carta Orgánica.
Para la aprobación de estos proyectos se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Concejo, tanto en la primera como segunda lectura.
Cuando se habla de mayoría absoluta se hace referencia a la totalidad de los miembros del cuerpo. En esta disposición incurrió en falta el Deliberante, porque ese martes estuvieron seis concejales de los siete y hubiesen sido necesarios cuatro votos para darle el visto bueno a la licitación, siempre y cuando también se diera en doble lectura.
Ahora, Ignacio Tagni no aceptó el pago que hizo el municipio, que pese a infringir la COM siguió adelante. No obstante, como el tribunal de Cuentas también tiene mayoría oficialista, el pago fue avalado por el cuerpo, con los votos de Alicia Gorno y Francisco Bordini.