Matías Sánchez, delegado de la Defensoría del Pueblo en el Departamento San Martín, dio a conocer la preocupante situación que atraviesan jubilados que tienen como obra social al PAMI, que desde hace dos meses no cuentan con servicios de rehabilitación.
“Cuando llegaron las primeras denuncias abordé el tema con la gente del PAMI Villa María, quienes informaron que ya elevaron la situación a Córdoba. Hay que señalar la predisposición del personal y directivos de la oficina local, pero aunque pongan voluntad no tienen potestad para decidir”, puntualizó Sánchez.
El delegado de la Defensoría también abordó el tema con profesionales de la salud, específicamente neurólogos. “Ellos me informaron que el tiempo que se pierde en rehabilitarse no se recupera, por lo que en muchos casos la demora es irreparable”, indicó.
Entrevista con profesionales
También se entrevistó con los profesionales que rehabilitan (kinesiólogos, fonoaudiólogos, etcétera), quienes les indicaron que son tan altas las exigencias para ser prestadores del PAMI que directamente no pueden ni inscribirse. “Esas exigencias las determina un organismo del Ministerio de Salud de la provincia, por eso, el defensor del Pueblo, Mario Decara, pedirá una audiencia para evaluar la flexibilización de esos requisitos”, indicó.
La otra vía que utilizó Sánchez a los fines de dar una solución a los jubilados que necesitan rehabilitación, fue la de recurrir a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es el organismo que tiene legitimidad procesal para recurrir a la Justicia”, agregó.
“Es muy grave la situación, porque se trata de abuelos que han sufrido un ACV o enfermedades similares que requieren urgente rehabilitación para salir adelante. El tiempo que demora en llegar la solución es tiempo perdido para los jubilados”, concluyó Sánchez.
Amparo
En otro orden, el delegado de la Defensoría del Pueblo informó que la Justicia otorgó recientemente el recurso de amparo a una abuela de Villa María afiliada al PAMI. Ella tiene una nieta a su cargo con Síndrome de Down, quien necesita el apoyo de un psicopedagogo en el aula, para no retrasarse en sus estudios. El PAMI, obra social de la jubilada, le había negado el pago para esa profesional, por lo que la mujer recurrió a la Justicia y logró que le abonen el módulo especial de educación. “El único problema es el costo para recurrir a la Justicia. La presentación de un amparo requiere aportes, la contratación de un abogado que no todos los pasivos están en condiciones de afrontar, por lo que lo ideal es que la gente pueda resolver los problemas en el ámbito administrativo”.