El apoderado de la disco “Aruba” de barrio La Floresta, Marcelo Martín Silvano, aseguró ayer que de continuar la embestida contra el boliche por parte de un grupo de vecinos, hará una presentación judicial por daños y perjuicios y buscará que los frentistas soporten el costo del juicio.
Acompañado por Nancy Cabello, propietaria del local nocturno, el reconocido abogado remarcó que todos los derechos subjetivos “no pueden ser restringidos por una ordenanza posterior” y que el emprendimiento de diversión nocturna al cual representa “tiene un derecho adquirido que no puede ser arbitrariamente conculcado por un grupo de vecinos ofendidos o en disconformidad” con su funcionamiento.
Dijo, además, que como vecino de Villa Nueva “no tengo por qué pagar un juicio millonario por el eventual cierre” del boliche, el que sería “ilegal y arbitrario”, ya que sucedería “después de ocho años de funcionamiento y cuando se ha invertido mucho en el mismo”.
“Si algunos habitantes del sector quieren cerrar un negocio en funcionamiento, que presenten la solicitud por escrito con fundamentos firmes, certificando sus firmas y comunicándole al municipio que se harán responsables por los daños y perjuicios, porque no todos los contribuyentes tenemos que pagar por la queja de unos pocos”, arremetió el letrado.
Ante las preguntas de este cronista, Silvano precisó que “hace 22 años fue cedido el predio, por ordenanza, a la mutual” de policías y que ésta celebró un contrato con los dueños de la disco a partir de 2005, el que se fue renovando.
“No hay que confundir una cosa con la otra. Nosotros somos terceros de buena fe”, dijo cuando se le planteó el incumplimiento de aquella vieja norma que establecía que ese predio debía ser usado por la mutual con fines recreativos o sociales.
Tras decir que en “Aruba” trabajan 40 personas (“si quisiéramos, nosotros también haríamos una gran movida como la que están haciendo los vecinos”), Silvano sostuvo que para la rehabilitación anual del local “no se tienen que pedir las firmas” con el aval de los residentes del sector. “Si el día de mañana, cuando vos ya construiste, te levantan una torre al lado en la que viven 200 personas, ¿vas a tener que tener el consentimiento de esos 200? ¿Y si te dicen que no, vas a tener que irte a pesar de tremenda inversión?”, ilustró. Por eso consideró que “a nadie se le debe pedir la firma una vez por año, sino al comienzo nomás” y reveló que en 2009 presentó un amparo judicial por ese tema y cuando el juez le corrió vista al municipio para que dé su parecer, se acopló a la postura de “Aruba”, “con lo que, según la teoría de los actos propios, nadie puede ir en contra de sus propios actos, si es que no obra de mala fe”.
Asimismo, expusieron las contradicciones del municipio respecto a las supuestas infracciones de la disco, al decir que “no hay sentencia firme del Juzgado de Faltas” en ningún caso hasta este año y que el Libro de Actas refleja que “no hay disturbios” en su interior.
También se preguntaron de qué manera “podríamos garantizar la seguridad de 200 metros” a la redonda, “lo que es insólito” y remarcaron que “si ahora la Justicia dictó la medida cautelar” que les permitió abrir mientras se sustancia el proceso, “es evidentemente por algo; ya que a veces no lo hacen siquiera en cuestiones de salud”.