El reciente rechazo de los tribunos de Cuentas de la oposición, Francisco Maristany y José Naselli, de la orden de pago a favor del Instituto Municipal de Inversiones destinada a afrontar los costos demandados por la ampliación de espacios verdes en la ciudad, provocó la respuesta de la Agrupación de Abogados Peronistas.
A través de un texto enviado a nuestra Redacción, la agrupación cuestionó el accionar del órgano de control.
“Nuestra Constitución Nacional eligió como sistema de Gobierno, un sistema republicano, representativo y federal, que adopta como forma de gobierno la división del poder”, dice el documento, que agrega que esta división de poderes le atribuye “a cada uno deberes y obligaciones que generan un contrapeso entre ellos, que permite la funcionabilidad de la democracia”.
“En el ámbito municipal, esta división de poderes está normada en el artículo 87 de la Carta Orgánica Municipal, que habla de dos poderes: Poder Legislativo (Concejo Deliberante) y Poder Ejecutivo (intendente), no legislando sobre un tercer poder”, señala el texto.
“Entonces nos cabe preguntar si el Tribunal de Cuentas municipal es o puede ser considerado un poder del Estado independiente o simplemente un órgano de control sin rango de poder”, añade.
“No caben dudas de que evidentemente se trata de un órgano de control con atribuciones específicas y normadas en el artículo 157 de nuestra COM, y ejerce el control contable, económico y de legalidad del gasto”, sostiene el escrito.
“Sus funciones están perfectamente delimitadas a cuestiones técnicas-contables, no teniendo ninguna injerencia en las decisiones políticas de los poderes del Estado municipal”, continúa diciendo.
Juicios de valor
“La decisión política es una prefiguración del camino a recorrer para lograr una meta más una puesta en acción de los medios necesarios para tal fin. Por ello, no puede el Tribunal de Cuentas realizar juicios o valoraciones sobre la oportunidad y conveniencia de los actos de gobierno, lo que significa que este órgano no puede impedir una decisión de gasto, mientras exista una partida presupuestaria habilitada para tal fin y no se contradiga con disposiciones legales vigentes ni aún opinar sobre la realización de los mismos”, indica.
“Parece que los tribunos de Cuentas que representan a la minoría no tienen presente el sistema republicano de gobierno y la función que les ha sido encomendada, toda vez que intentan ejercer atribuciones que no le son propias, entrometiéndose y efectuando juicios de valor sobre las decisiones políticas tomadas por el Poder Ejecutivo o apartándose de manera ilógica y contraria a todo principio jurídico de las ordenanzas que aprueba el Concejo Deliberante, actuando en una clara actitud de oposición política”, expresa el comunicado.
“En uno y otro caso, se están violando nuestras cartas magnas, al no respetarse la división de poderes expresamente prevista en las mismas, y coaccionando a los poderes del Estado municipal al arbitrio de sus especulaciones políticas”, afirma.
“Diariamente vemos cómo los tribunos de Cuentas de las minorías entorpecen la función y el desarrollo de los actos de gobierno y con su obrar generan demoras en la administración municipal, que en definitiva repercuten en toda la sociedad, ya que ve demoradas las obras y servicios”, remarca.
“Desde esta agrupación sostenemos que la oposición política utiliza a este órgano de control como tribuna política, desnaturalizando de tal forma su función específica. Las objeciones e impugnaciones a los actos de gobierno carecen de fundamento legal y sólo se limitan a exponerlos de forma distorsionada en los medios de prensa, sin acudir a la Justicia, único organismo competente para expedirse sobre la legalidad de los actos cuestionados”, finaliza el texto.