Con la ya tradicional misa en barrio Las Violetas, a pocos metros del predio de la Fábrica Militar donde ocurrió el siniestro, y un recordatorio frente al monolito que recuerda a las siete víctimas fatales, la comunidad de la ciudad de Río Tercero conmemorará hoy un nuevo aniversario de las trágicas explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 1995.
La evocación religiosa se llevará a cabo a partir de las 9 y por la tarde, desde las 18, se realizará un recordatorio frente al monolito que recuerda a las siete víctimas fatales. Inmediatamente después, en el centro, habrá un festival de música con la lectura de un manifiesto que reclamará, otra vez, por “memoria, verdad y justicia”.
Un grupo de 10 mil riotercerenses iniciaron demandas por “daño moral” y esperan desde hace años que la Nación disponga el pago, para no esperar el demorado proceso judicial con ese fin.
Otros dos mil demandantes tienen encaminados juicios por daños físicos y/o materiales, pero sin cobrar aún. Hasta ahora, el Estado apeló todos los fallos en su contra. Mientras, la causa penal que investiga los hechos sigue abierta.
Los acusados
A 17 años de la trágica explosión se mantiene en firme la imputación por “estrago doloso agravado” a cuatro ex militares y un civil, todos autoridades de Fabricaciones Militares en 1995.
Se trata de los militares retirados Carlos Franke (ex director de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María), Edberto González de la Vega, Jorge Cornejo Torino (director de la planta fabril riotercerense al momento de la tragedia), Marcelo Diego Gatto y el ex subinterventor de la Dirección de Fabricaciones Militares, el civil Norberto Emmanuel. El sexto procesado, Nicolás Quiroga, falleció hace algunos meses.
En la causa no hay responsables políticos imputados: tanto al ex presidente Carlos Menem como al ex jefe del Ejército, Martín Balza, se les dictó la “falta de mérito”.
Ana Gritti, viuda de una de las siete víctimas y única querellante penal en la causa, falleció hace un año y medio, aunque sus dos hijas mantienen ese rol desde entonces.
Luego de innumerables ideas y vueltas judiciales, la causa fue elevada a juicio oral por el Juzgado Federal de Río Cuarto.
Si bien todavía no tiene fecha de inicio, las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral 2 de la ciudad de Córdoba, integrado por José Pérez Villalobo, José Asís y Carlos Lascano.
Fue un atentado
La Fábrica Militar de Río Tercero explotó el 3 de noviembre de 1995, en un hecho todavía no aclarado, aunque la Justicia sospecha que la voladura no fue un accidente, sino un atentado para borrar pruebas de los envíos ilegales de armas a Croacia y Ecuador.
La explosión arrasó tres barrios de la ciudad, mató a siete personas (Aldo Aguirre, Laura Muñoz, Elena Rivas, Leonardo Solleveld, Romina Torres, José Varela y Hoder Dalmasso), hirió a otras 300, obligó a evacuar a miles de habitantes y provocó daños materiales por unos 25 millones de dólares.
La planta había sido el sitio adonde los cuarteles del Ejército enviaban el armamento que luego partía en barco rumbo a Croacia.
En 2001, el fiscal Carlos Stornelli (impulsor del proceso por los envíos ilegales de armas) pidió que la “causa Río Tercero” se anexara a la otra, justamente por considerar que la explosión fue una consecuencia del tráfico de esos pertrechos.