El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, Daniel Passerini, trajo ayer 50 mil pesos para el Patronato de la Infancia, cuya sede edilicia presenta problemas por sus condiciones, como la filtración en el techo de uno de los sectores. Así lo confirmó el funcionario momentos antes de llegar a esa institución y cuando recorrió las instalaciones de EL DIARIO.
Además, la idea con la que llegó el ministro a la ciudad es analizar cuál será el futuro del edificio del Patronato, una entidad a la que calificó con “gran prestigio social” y que, en el marco de la desinstitucionalización de niños y niñas dispuesta por la ley, podría albergar en algún futuro a equipos relacionados con la prevención de la violencia.
“Nosotros sostenemos que el ámbito de la familia siempre es el mejor para el niño y no así los institutos: ya sea una familia biológica, adoptiva o acogedora”, apuntó.
Además, Passerini visitó durante la mañana a la SENAF que funciona en el ex Gurisito, en barrio Santa Ana y adelantó a este matutino que allí podría funcionar, desde el año próximo, un equipo técnico que constate los casos de violencia familiar y asista a las víctimas, además de conformarse un centro ambulatorio de prevención de adicciones.
Precisamente estas dos revelaciones del integrante del Gabinete de José Manuel de la Sota son los puntos centrales de un reclamo que viene realizando hace muchísimo tiempo la jueza de Niñez de Villa María, Cecilia Fernández, con quien el ministro se reunió también en la víspera.
En el encuentro con la magistrada, Passerini profundizó en el dispositivo antipánico que implementará la provincia, es decir, en los botones que serán brindados a quienes son víctimas de violencia. “Daremos 300 el mes que viene en la ciudad de Córdoba y queremos otorgar 2 mil en el primer trimestre del año próximo en todo el territorio provincial”, especificó el funcionario a este matutino.
Cecilia Fernández le planteó a Passerini la necesidad de fortalecer los equipos de asistencia a las víctimas y los dos funcionarios hablaron, además, de la necesidad de que se discuta la posibilidad de imponer la obligatoriedad de tratamiento al agresor.
Passerini admitió a este medio que la disposición de un equipo técnico que aborde los casos de violencia “es una demanda del Poder Judicial en todo el territorio cordobés” y consideró que “debe tener tres especialidades: Psicología, Trabajo Social y Derecho”. Aclaró que la Dirección de Violencia Familiar está en su Ministerio desde mayo pasado.
Por su lado, se reunió con representantes de las dos universidades locales: la Nacional y la Tecnológica. En la primera se conversó sobre la idea de integrar los programas de adultos mayores que tiene la provincia con el de la casa de altos estudios, entre otros temas; en la segunda se dijo que se proveerá equipamiento para el Salón de Usos Múltiples.