La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Córdoba otorgó la excarcelación, bajo fianza, a todos los detenidos en la causa por la megaevasión sojera, acusados como presuntos coautores de “asociación ilícita fiscal”, un delito que es castigado con hasta 10 años de prisión.
En dos resoluciones dictadas el martes, el cuerpo judicial integrado por los camaristas Ignacio María Vélez Funes, Carlos Julio Lascano y José Vicente Muscará, dispuso -por unanimidad- conceder las libertades de los coimputados Luis Fernando Farías, Julio Daniel Luján, Rubén Adolfo Ceva, Jorge Ferrer, Mauricio Bruno, Fernando Luis Cuello, Matías Elvio Giuggioloni, Rosendo César González, Sergio Guevara, Diego Gastón Ludueña, Natalia de los Angeles Paulus y el sargento Daniel Ramón Pelayes, bajo caución real de 250 mil pesos para cada uno, por considerar que “no existe riesgo procesal en la investigación”.
Así lo confirmó ayer a EL DIARIO el abogado villamariense Luis Caronni, quien junto a su hijo Lisandro patrocinan a Farías y Luján.
El letrado precisó que la fianza “se puede cubrir con dinero y/o bienes muebles o inmuebles”, y que para el caso de sus clientes “pusieron como garantía una casa ubicada en la ciudad de Córdoba, valuada en 800 mil pesos”.
Cabe recordar que Farías, de 71 años de edad, estaba con prisión domiciliaria en la localidad de San Agustín, mientras que Luján, de 42, se hallaba alojado en el penal de Bouwer junto a la mayoría de los acusados.
Farías fue ministro de Agricultura del ex gobernador Eduardo César Angeloz durante el período 1987-1991. Previamente, había sido intendente de San Agustín entre 1973 y 1981 y luego se desempeñó como diputado provincial en la primera etapa de la recuperación democrática, es decir, entre 1983 a 1987, siempre por la Unión Cívica Radical.
En tanto, Luján es socio gerente de la empresa Cercal SRL, una acopiadora de cereales ubicada en la localidad de San Agustín que antes perteneció a Farías.
En esta causa todavía hay dos prófugos, apellidados Di Primio y Ortega, ambos oriundos de la ciudad de Buenos Aires.
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La investigación continúa en manos del juez Roque Ramón Rebak, quien se reintegró a sus tareas habituales hace unos días (estaba de licencia), con intervención del fiscal Carlos Facundo Trotta.
Farías estaba con prisión domiciliaria por padecer problemas de salud, relacionados con su avanzada edad, mientras que Natalia Paulus, esposa del coimputado Cuello, también se encontraba detenida en su casa por ser madre de un niño menor de 5 años.
A principios de setiembre pasado, el Juzgado Federal villamariense informó que el total de las operaciones detectadas alcanzaría la suma de 1.700 millones de pesos, de los cuales se habrían detectado operaciones marginales que ascenderían a unos 1.000 millones, arrojando una supuesta evasión impositiva de alrededor de 170 millones de pesos.
Si bien el juez Rebak descartó que en la maniobra hayan figurado como pantalla mutuales u otras asociaciones civiles, sí lo hicieron firmas comerciales, por lo que hay detenidos empresarios, contadores y abogados.
Las acciones de este grupo se centraban en “blanquear” dinero proveniente de la comercialización de cereales en negro y el “lavado” se realizaba mediante la adquisición de inmuebles.
De los operativos, realizados en las localidades de Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos, Ramos Mejía y Puerto Madero, participaron efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la AFIP.