Los 15 trabajadores de la empresa de Servicios de Emergencia y Traslado (SET), empezaron a sospechar que algo andaba mal, cuando el jueves pasado les pidieron que trasladaran los bienes de la empresa de la sede del bulevar Vélez Sarsfield a un depósito en la calle San Juan al 1980.
“Fuimos a consultar con el abogado Marcelo Silvano, quien nos dijo que hacíamos bien, que ayudáramos en la mudanza”, dijeron los trabajadores, decepcionados, porque entienden que fue el peor consejo que recibieron.
Después, por rumores, se enteraron que la empresa había “vendido” los convenios a otra firma de emergencia de la ciudad y allí fue que llamaron a Raúl Sánchez (un médico de Río Segundo, esposo de la concejala de esa ciudad, Mabel Sánchez), quien, junto a su hijo Jerónimo, es propietario de SET Villa María.
Allí les confirmaron lo peor. Les dijeron que se quedaban sin trabajo y que no había plata ni para cobrar el sueldo de octubre.
Ante este panorama, los trabajadores se asesoraron con otro letrado, Manuel Sosa, quien ayer los acompañó a la sede del Ministerio de Trabajo, donde la empresa formalmente explicó que no tenía fondos y que cesaba en su actividad, por lo que formalmente los 15 trabajadores quedaron despedidos.
Cabe señalar que de los 15 había registrados sólo dos. El resto estaba en negro. “Hace 15 días tuvimos una audiencia en esta misma oficina, en la que Sánchez se comprometió a ir blanqueando al personal”, dijo Jorge López, de ATSA, quien estaba en la audiencia del Ministerio.
Del cónclave participó Sosa y López junto a los trabajadores, el inspector ministerial y Sánchez, asesorado por el letrado Raúl Camandone.
Al finalizar la reunión, acordaron que mañana van a percibir el 70% de los haberes de octubre y el resto a fin de mes. “De las indemnizaciones no quiere ni hablar”, explicó uno de los trabajadores, que sabe que ahora lo espera el lento camino del reclamo judicial.
En diálogo con la prensa, Sosa dijo que “SET manifestó su insolvencia. Asegura que tuvo problemas con los dueños anteriores que son los señores Gisella Vigani y Alfredo Maraveggio, quienes la vendieron en julio”, informó.
Al parecer, tienen acusaciones cruzadas. Los propietarios anteriores, que dicen que Sánchez no pagó lo convenido y Sánchez, quien asegura que hay deudas no declaradas por los vendedores.
“Además, Sánchez dice que no le vendió nada a Corpus, aunque es una transferencia de convenios al menos llamativa. Es por eso que para iniciar acciones deberemos convocar a los actuales propietarios, a los anteriores y también a los que traspasaron los convenios, como es el caso de la Municipalidad”, indicó Sosa.
Cabe señalar que el lunes último, la comuna local retiró las unidades de traslado afectadas al 107, conocidas como SAMU, que supuestamente no pertenecían a SET.
A su turno, Camandone aseguró que fue convocado por Sánchez el martes por lo que ahora se va a interiorizar en la causa. Aseguró que el profesional de la salud tiene voluntad de pago y desconoció el origen de los problemas financieros de la empresa.
El propio Sánchez habló con los medios asegurando que la mudanza de la semana pasada era para mejorar la condición de los empleados, en un lugar más confortable, asegura que la debacle económica fue de pronto.
Es llamativo porque los Sánchez compraron la empresa en junio, se mudaron la semana pasada, tenían casi 600 afiliados y convenios con la Municipalidad y obras sociales importantes. Hay pocas razones para que hablen de “sorpresivo” desfinanciamiento.