Para profundizar sobre el tema, EL DIARIO Rural conversó con Miguel Rapela (gerente de la Asociación de Semilleros Argentinos -ASA-). Dicha Asociación está formada por 81 empresas, donde 19 son internacionales y entre ellas están Monsanto y Syngenta.
ASA participó durante el mes de julio, junto a 23 instituciones, en una mesa de diálogo público-privado organizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el fin de discutir y debatir sobre el anteproyecto referido a la ley de semillas, el cual había sido elaborado (desde el año 2007 hasta el 2010) por la Comisión Nacional de Semillas.
“Y este año 2012, el ministro (Norberto Yauhar) decidió abrir este proyecto y convocar a este diálogo público-privado, donde hubo ocho reuniones de trabajo con aportes muy significativos. Lo más importante es que se llegó a un texto de anteproyecto consensuado por todas las partes. La única disidencia fue de la Federación Agraria Argentina (FAA) que se retiró de las reuniones. El Ministerio invitó a todas las partes interesadas, donde todos pudieron hablar y eso consta en el expediente elaborado”, explicó Miguel Rapela, gerente de la ASA.
Según el representante de la Asociación, el gran paso adelante es que se desarrolló un anteproyecto en condiciones de ser enviado al Congreso cuando el Gobierno nacional decida hacerlo. “No sabemos cuándo será presentado, porque es una decisión netamente política, ya que los tiempos de 2012 se están acabando y por ahí son otros los temas de la agenda política actual”, remarcó.
“Por primera vez se goza de un texto con el consenso de todas las partes”
Miguel Rapela enfatizó en que “por primera vez y en muchos años se goza de un texto con el consenso de muchas partes”. Consultado sobre las críticas (que fueron públicas) al proyecto por parte de la FAA, indicó que “son varias las cosas (del proyecto) en las que no están de acuerdo, pero sobre todo ellos se niegan a pagar cualquier tipo de tecnología; podemos discutir y no estar de acuerdo en la forma en que se debe hacer, pero nosotros coincidimos con las otras tres organizaciones (Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas) que las tecnologías hay que pagarlas a sus propietarios que las crearon”.
Otro de los puntos que genera diversas posiciones es sobre el Uso propio de la semilla (el derecho del productor de usar variedades vegetales, con el fin de obtener semillas para su propia resiembra). En este aspecto, consideró: “El proyecto establece un tipo de aplicación del Uso propio que es la que más generalizada está en el mundo. Un segmento de productores puede hacer uso de modo gratuito y otro segmento de productores puede hacer Uso propio de forma onerosa pagándole un reconocimiento al obtentor. La discusión está en ponerle la vara entre el que paga y el que no paga”.
En este sentido, continuó: “el actual proyecto establece que, de entrada al inicio del sistema, todos los agricultores que estén en el Registro de Agricultura Familiar pasan directamente al Registro del Instituto Nacional de Semillas (INASE), donde se exceptúan del pago y eso es desde el minuto uno. Esto no va a ser siempre así, sino que va a sufrir cambios de acuerdo a como se viera la aplicación, cómo se avanza, no es una cosa fija, pero hoy estamos hablando de unos 51 mil productores de agricultura familiar (71% del total de productores del país) que están produciendo una parte significativa”.
En respuesta a las críticas de algunos sectores referido a limitar los derechos del productor al Uso propio de semillas, subrayó que “cuando se habla de que esta línea divisoria ha dejado a muy pocos exceptuados del pago, esto no se ajusta a la realidad. Entonces, nos cuesta saber cuándo surgen estas críticas si hay un conocimiento del proyecto de ley y de cómo se va a aplicar en el futuro”.
Consultado sobre la posición particular de las empresas Monsanto y Syngenta (que también forman parte de la ASA), Rapela afirmó: “Nosotros nos hemos expedido hace dos semanas atrás respecto a este proyecto y se ha avalado en su conjunto. Creíamos que era necesario hacer esta expresión de aval, sabiendo que no es un proyecto que llena de satisfacción a todas las industrias, pero es un proyecto del consenso”.