Escribe: Jesús Chirino

En poco más de un mes iniciará 2013 y conmemoraremos 30 años de la
recuperación de la democracia. Durante aquel primer gobierno democrático, luego del terrorismo de Estado, se realizaron varias manifestaciones públicas mediante multitudinarias marchas que llevaron a enormes sectores sociales a la calle manifestándose en defensa de la democracia y el apoyo a todo aquello que significara avanzar con el proceso judicial a los militares que participaron de la dictadura iniciada en 1976.

Inicio de juicio oral a las Juntas

Aún quedaban muchos resabios de la cultura antidemocrática impuesta años antes, no pocos sectores sociales apostaban a la no continuidad del nuevo proceso institucional del país. Igual se lograba sentar en el banco de los acusados a quienes habían sido señores de la vida y la muerte durante la dictadura cívico-militar. Pero se hizo en un clima de grandes tensiones políticas y con unas Fuerzas Armadas que aún conservaban poder. Quizás parte de la complejidad política del momento pueda advertirse cuando vemos que en la revisión del terror ejercido en Argentina los dirigentes de entonces no supieron, o no quisieron, ir más allá del 76 dejando de lado tanto las atrocidades de la “Triple A” como también las complicidades civiles durante la dictadura.
En Villa María El Diario, en su edición del 21 de abril de 1985, a toda página tituló “El presidente convocará hoy a defender la democracia”. En la página 3 se anunció que esa noche Alfonsín convocaría “a un acto en defensa de la democracia, no del Gobierno ni de la Unión Cívica Radical, sino al sostén del sistema con todos los disensos que puedan existir; mientras que la participación de los partidos políticos en esa concentración, que tendrá lugar en Plaza Mayo el viernes 26, se canalizará a través de contactos que hará el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y el partido a través de su comité nacional”. Al día siguiente el titular de tapa de El Diario daba cuenta del clima que se vivía entonces. El titular decía “Alfonsín convocó al acto y denunció maniobras golpistas”, más abajo en igual tamaño de letra podía leerse “Comienza hoy el juicio oral contra las juntas militares”.

Tiempo complejo

El 22 de abril de aquel año dejó una indeleble marca en la historia de nuestro país. Luego de años de lucha por parte de las organizaciones populares los integrantes de las juntas militares, que gobernaron durante la dictadura cívico-militar desaparecedora de personas iniciada en 1976, fueron sentados en el banco de los acusados. Se iniciaba la parte oral del juicio a esos militares y comenzaba a concretarse aquello que fuera largamente demandado y que había formado parte de la opción del pueblo en las elecciones presidenciales de 1983 cuando el candidato peronista proponía respetar la autoamnistía dictada por lo militares, en tanto que el líder radical hablaba de justicia. Si bien luego sobrevendrían desilusiones mediante leyes que pusieron freno al proceso, es real que aquel juicio fue un hecho trascendental construido a partir de la fuerza política del movimiento de derechos humanos y la capacidad de Alfonsín, que había formado parte de ese movimiento, para lograr algo que no pasó con los responsables de anteriores dictaduras en el país.
Como ya señalamos el clima estaba enrarecido, tan es así que el sábado de esa semana se produjeron atentados como los de Florencio Varela, una bomba en un comité radical y otra en el domicilio de un concejal justicialista del lugar. Días antes, José Manuel de la Sota, entonces secretario general del Consejo Justicialista, sector Río Hondo, denunció que había “golpistas infiltrados” en el justicialismo. Entre sus dichos, el ahora gobernador, intentando diferenciarse de otros sectores de su partido señaló “al pensar que el pueblo se equivoca, van hacia soluciones mesiánicas y buscan algún militar que les resuelva el problema, con lo que sólo ayuda a destruir a las Fuerzas Armadas y a frustrar las aspiraciones populares”. El mismo 15 de abril que El Diario publicó estas declaraciones también reprodujo un documento del Movimiento de Integración y Desarrollo, liderado por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio donde se decía que vivíamos en una anarquía.
En ese marco se realizó la marcha 22 de abril en Buenos Aires, día de inicio del juicio. Participaron unas cincuenta mil personas pidiendo justicia y oponiéndose a cualquier tipo de amnistía. La convocatoria estuvo a cargo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Centro de Estudios Legales y Sociales, Servicio de Paz y Justicia, Familiares de Presos y Desaparecidos por Razones Políticas, Liga Argentina de los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y varios partidos políticos entre los cuales no figuraron orgánicamente la UCR, ni el PJ. Sí participaron grupos identificados con el oficialismo como el caso de los estudiantes de Franja Morada, como así también otros importantes grupos de jóvenes de organizaciones estudiantiles y políticas. Desde lo económico también llegaban señales poco alentadoras.

En Villa Maria

Convocada la marcha en Villa María, los referentes de APDH local el 18 de abril se reunieron con el titular del Poder Ejecutivo municipal. EL Diario señaló que “Gregorio Felipe, Héctor Gallegos y Victoriano Godoy en su entrevista con el intendente Horacio Cabezas y el secretario general Miguel Veglia, se refirieron a las 10 familias de Villa María, más cuatro de la región que fueron afectadas por la represión indiscriminada de la dictadura militar”. En la entrevista señalaron que “estudiantes, profesionales, periodistas y trabajadores sufrieron detenciones y hoy gozan de libertad, pero algunos de ellos perdieron empleos, otros están repatriados y algún cadáver NN alcanzó a ser rescatado por sus familiares”, por ello pedían solidaridad de la población con la marcha. Ese día APDH realizó la convocatoria y se informó acerca de la reunión regional en Mendoza de la cual habían participado Felipe, Godoy y Roberto Bataglia.
Luego del llamado a la solidaridad, diferentes organizaciones locales manifestaron su apoyo, así el Partido Intransigente local convocó a adherir a la marcha y públicamente señaló que el país “comenzará a vivir el fin de una negra etapa” porque “serán juzgado por primera vez en nuestro país quienes son responsables del descalabro social, político y económico y subvirtieron la Constitución”. También adhirió la Federación Agraria, el Centro de Periodistas Lucio Capdevila. Oscar Pelassa de la entidad ruralista manifestó total “coincidencia” con el pedido de “juicio y castigo, no a la amnistía” señalando: “Y lo hacemos en momentos en que, vergonzantemente, desde algunos sectores de la sociedad argentina, se insinúa la necesidad de implementar una amnistía que tienda un manto de olvido y legalice, así, la impunidad”.
En tanto el comunicado del Centro de Periodistas, firmado por Victoriano Godoy junto a Héctor Cavagliato señaló que, esa organización, “se pronuncia ratificando su espíritu de respaldo a las instituciones orgánicas constituidas en el país, de las que la justicia es uno de sus pilares insustituibles. Por ello, por la plena vigencia de su independencia y por la estabilidad democrática de la Nación, hace votos por la paz en un estado de pleno derecho”.

La marcha local

Aquel 22 de abril se realizó la marcha en Villa María manifestando por “Justicia, castigo y contra el golpismo”. Al frente de la movilización iban pancartas como la de los “Familiares de detenidos y desparecidos. Villa María”, el Partido Comunista, la Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana, el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Centro de Estudiantes Tecnológicos. En esa marcha de villamarienses con sed de justicia que se manifestaban apoyando la democracia también se erigió una pancarta de “niños reclamando por sus padres desaparecidos”. Así lo destacó El Diario en la crónica publicada el día siguiente. Allí también se comentó acerca de la participación de una veintena de jóvenes de línea Córdoba de la UCR, el entonces diputado por el peronismo Enrique Sella acompañado de militantes de su partido. Los manifestantes iniciaron su andar en la intersección de las calles Entre Ríos y San Martín. En la misma marcha también se conocieron otras adhesiones como la del SUOEM, trabajadores telefónicos, Juventud Radical, Pueblo Peronista, Círculo de Bioquímicos, etcétera. En la primera cuadra de la calle con nombre del Libertador, Godoy leyó un documento reclamando “justicia para protección de nuestras familias, para gozar de las libertades fundamentales, disfrutar de todos nuestros derechos, para el porvenir de nuestros niños y para que nunca más el pueblo sufra por reclamar un estado de derecho con paz y prosperidad”.