Se llevó a cabo ayer en la sede local de la Universidad Católica de Salta una jornada sobre maltrato infantil.
El eje de las disertaciones y los debates fue el cuestionamiento a la Ley 9.944, que saca la tutela de los menores del ámbito judicial y deja las decisiones en manos del Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Participaron en el panel la jueza de Río Segundo, María de los Angeles Palacio; un docente de la cátedra de derecho Penal de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Diego Moyano; la psicóloga Elsa Lerda y la trabajadora social del Hospital de Niños de Córdoba, Alicia Zamarbide.
Abordaje jurídico
Desde la órbita judicial, cuestionaron a la ley en dos aspectos: por un lado, en la parte que pretende proteger al menor víctima de abusos y maltratos, indicando que no se generaron las condiciones mínimas para garantizar los derechos de los niños y por el otro, la que trata sobre los menores de 18 años en conflicto con la ley penal.
“Con esta ley, si un menor de 14 años rompe un vidrio, puede ser internado en un instituto privándolo de su libertad. El juez no tiene que analizar si es culpable o no, sino que dependerá el tiempo de institucionalización del informe socioeconómico. Si en cambio, el que rompe un vidrio es un chico de 19 años, a los dos días, como máximo, estará libre”, indicó el docente de la UNC.
La jueza de Río Segundo, por su parte, entendió que los plazos que da la ley para verificar los maltratos hacen prolongar la situación de riesgo de los niños. Impulsó una reforma para que representantes de ONG que trabajan contra el maltrato infantil, puedan exigir a la SENAF un seguimiento de los casos, dado que así como está la normativa actual, no hay continuidad en la tarea de cuidado y protección del Estado de los menores víctimas de abuso.
Abordaje psicológico
Elsa Lerda, explicó las definiciones de maltrato, diferenciando “una cachetada” que no se repite a una acción violenta intensa o persistente en el tiempo. “Eso es maltrato”, indicó.
Cuestionó el aspecto de la ley vigente que establece la obligación de “revincular” a la víctima (niño) con el maltratador. “Esto hace que los chicos deambulen tres meses en una casa, otros tres meses en la de los progenitores y otros tres meses en un instituto. Esto no es más que un sanatorio para criar psicóticos, porque el niño no puede establecer vínculos ni la confianza necesaria”, indicó.
Entiende que la ley “representa un maltrato institucional” y no ocultó su deseo que se derogue. “Está hecha así, porque a los funcionarios no les importan los niños, no les importan porque no votan. Quiero decir que está hecha a medida de un beneficio para el partido gobernante, pero que fue aprobada por unanimidad”, señaló.
Calificó a la violencia infantil como “la más prevalente aunque la SENAF no haga estadísticas y la más invisible” de todas las formas de violencia familiar.
La clasificó en cuatro tipos: física, psíquica, pasiva (donde por omisión se permite el maltrato) y activa (a través del rechazo).
Puede ser ejercida hacia los niños incluso antes de nacer (prenatal, con madres que no se cuidan); en la lactancia, es decir, de 0 a 2 años, indicando que en este período, que es cuando el niño necesita de otro para sobrevivir, es cuando más muertes de producen por maltratos.
También se da en los infantes, de 4 a 10 años y en los púberes.
Afirmó que la violencia hacia los más desprotegidos es posible porque vivimos en una sociedad “psicótica y filicida”. En el primer casos, por las conductas y leyes contradictorias. En el segundo, “porque a nadie le parece raro que un padre le dé las llaves de un auto a un chico que sabe que va a tomar de más”.
Indicó que la TV es de los medios de comunicación el que más reproduce los paradigmas de maltrato y finalmente, concluyó diciendo que por acción u omisión “todos somos responsables”.
