El profesor cordobés Daniel Koci, docente de la UNVM, es especialista en Derecho a la Información y la Comunicación y ha participado como disertante dentro del reciente Primer Encuentro Nacional de Comunicación en el Campus universitario.
El viernes pasado, ocupó el panel titulado "La Ley de Medios como texto jurídico, la información como bien público y las políticas de comunicación, subalternidad y poder" junto a las docentes Daniela Monje y Silvina Mercadal.
Luego de su charla, Koci dialogó con EL DIARIO acerca de las implicancias del afamado 7D (7 de diciembre), cuando se cumpla el plazo de la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín para adecuarse y desinvertir según lo establece la nueva normativa.
- ¿Qué va a pasar ese día?
- En realidad el 10 de diciembre va a ser clave, porque es el primer día hábil después de terminado el plazo. Hasta esa fecha pueden pasar muchas cosas. Primero hay que ver si está el fallo del juez de Primera Instancia, quien debe fallar sobre la cuestión de fondo; esto es, si los artículos 45 (cantidad de licencias permitidas por grupo) y el 161 (desinversión de licencias para adecuarse a la nueva ley) son constitucionales o no. También saber si la Cámara de Apelaciones (que tiene que resolver si se prolonga o no la medida cautelar), está conformada o no, porque hasta el momento sólo tiene un solo integrante.
Múltiples posibilidades
- ¿Cuáles serían los posibles escenarios?
- Son múltiples las posibilidades. Puede pasar que Clarín presente un plan de adecuación, del cual puede ser aprobado o no por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ex Comfer (AFSCA). Porque puede suceder que lleven una carpeta con partes del grupo a nombre de Magnetto, Tinelli y Suar por separado y se tiene que demostrar que son empresas separadas. Puede pasar que no, el Grupo no presente adecuación y continúe por la vía judicial. También, que frente al posible acto administrativo que emita el AFSCA, en la cual se declare que el Grupo está en situación de infracción, lo primero que haga Clarín sea impugnar ese acto y llevarlo también a la vía judicial. O sea, que el AFSCA -actualmente a cargo de Martín Sabbatella- comience una transferencia de oficio de las licencias de Clarín y que el Grupo presente algún recurso extraordinario (un amparo).
- ¿Qué fue lo que resolvió la Corte Suprema el pasado martes 27?
- Resolvió dos presentaciones de Clarín, una sobre la prolongación de la medida cautelar, que no fue otorgada, sino que se ratificó el plazo para el 7 de diciembre y otra sobre una denegación de justicia, que sí se avaló. Como decía recién, al no estar conformada la Cámara de Apelaciones (la Sala Civil y Comercial Nº 1) se le está denegando o retardando la justicia a Clarín, en este caso. También le ordenó al juez de Primera Instancia que resuelva la cuestión de fondo de inmediato (le otorgó 20 días corridos). Además ordenó sortear y conformar una terna para cubrir los integrantes de la Cámara.
De vuelta a la Corte
- ¿Cómo creés que va a actuar el AFSCA sobre los otros grupos?
- Es incierto. Porque ha sentado un precedente del que no estoy de acuerdo. El AFSCA, en su resolución 901 del 12 de julio de 2012, indicó que no se iban a aplicar los criterios de adecuación a los otros grupos hasta tanto se resolviera la cautelar de Clarín, ya que "se hubiese creado una situación de desigualdad y de mayor concentración". Para mí eso es cuestionable. El Ejecutivo estableció una excepción que la ley no lo establece. No había una razón jurídica para que no se aplique la adecuación a los demás grupos. Por eso, en el fallo del mes de mayo, la Corte le pegó tanto al sector privado como al sector público. Al privado le dijo que el 8 de setiembre de 2010 comenzaba a correr el plazo de un año para adecuarse y al Estado le indicó que no había demostrado celeridad en el proceso de aplicación de la ley. Hay que decir también que hubo otros grupos que también presentaron sus recursos en contra de resoluciones del AFSCA, como el de Matías Garfunkel (allegado al oficialismo), pero sucede que no se conocen.
- ¿Cómo creés que se va a resolver esta situación?
- La única certeza que existe es que se sabe cómo va a actuar el Estado. Es decir emitiendo resoluciones, haciendo la constatación de oficio u ordenando la transferencia de oficio de licencias. Pero no sabemos cómo van a actuar el Poder Judicial y los grupos afectados. De todos modos, creo que la cuestión va a volver nuevamente a la Corte y ésta tarde o temprano va a fallar sobre varios artículos: sobre la cantidad de licencias, sobre el porcentaje de audiencia (el límite máximo del 35% del total de abonados para cada grupo) y sobre la adecuación. Recién ahí, y es una opinión personal, vamos a tener una definición clarísima de aceptación sobre la constitucionalidad de toda la ley.
J.R.S.