Los concejales aprobaron ayer tres modificaciones a la Ordenanza General Impositiva (OGI) vigente, una de las cuales faculta a la AMIP a publicar datos de los deudores con capacidad contributiva, una vez que esté habilitada la vía judicial, tras haberse agotado las instancias administrativas.
“Tratamos tres modificaciones a algunos artículos de la Ordenanza General Impositiva que tienen que ver con cuestiones formales y de procedimiento administrativo, explicó Verónica Navarro, concejal de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria.
“Estas adecuaciones buscan modernizar la legislación y agilizar los procedimientos administrativos con los contribuyentes, evitando cargas burocráticas y procedimientos largos que encarecen el proceso”, dijo la edil, quien añadió que “en ese sentido, se abrevia lo que tiene que ver con las multas automáticas que cualquier contribuyente inscripto en IVA, AFIP e Ingresos Brutos sufre si no cumple con los vencimientos de las obligaciones tributarias”.
“Se propone que haya un trámite abreviado para los contribuyentes que habiendo incumplido esta obligación, quieren subsanar el error. Así se logran menores costos, es decir, sin multa y sin honorarios de abogados”, precisó.
Navarro indicó que también se propuso una modificación que tiene que ver con el secreto fiscal.
“La relación tributaria está protegida por el secreto fiscal, el Estado no puede, excepto en determinadas circunstancias, dar información acerca de la situación tributaria de un particular. En este caso se legislan nuevas situaciones, ya que la OGI tiene 20 años y no están contempladas ciertas situaciones, como que pidan información los entes tributarios nacionales o provinciales por el cruzamiento de datos, o la Justicia por quiebras, concursos o embargos. Entonces se busca dar un marco de legalidad a esa información que a veces hay que dar a distintos organismos”, señaló.
“El municipio debe contar con herramientas para aquellos casos, que son de excepción, de vecinos que tengan capacidad contributiva y que pese a haber agotado todas las vías administrativas disponibles, no manifiestan voluntad de pagar y deciden no cumplir con sus obligaciones”, justificó la edil.
“Si un vecino no pagó la tasa de su auto o casa, no va a salir ‘escrachado’ en un diario o una página web. Se trata de llegar al pago voluntario, se intima y se agotan otros procesos hasta llegar a la instancia judicial. En esto tal vez pasan dos o tres años y, si continúa sin voluntad de pago, si se considera pertinente, se puede dar a publicar el caso”, expresó.
“En el caso de poder publicar estas cuestiones, la ordenanza dice que se puede hacer una vez que se haya agotado la vía administrativa y quede habilitada la vía judicial”, agregó la concejala.
“El espíritu de la norma no es ‘escrachar’ al contribuyente, sino publicar determinadas cuestiones que tienen que ver con los deberes formales, con las obligaciones de no sólo el pago, sino el nombramiento de agentes de retención o percepción de determinados tributos”, reiteró.
Según la edil, no está reglamentado aún cómo se van a publicar los datos de los deudores.
Además, puntualizó que no se verán afectados contribuyentes que se encuentren al día, que adhieran al pago voluntario o estén haciendo uso de la exención o el diferimiento. En este sentido, Navarro aseguró que está previsto que en los casos en que los vecinos que no puedan pagar, se hacen exenciones o diferimientos, tras verificarse la incapacidad de pago por parte de un asistente social.
El proyecto fue aprobado por ocho votos a favor, los siete de UPC-FPV y el del Partido Villamariense Escindido bloque Acción Para Crecer, mientras que no fue acompañado por la Unión Cívica Radical, el Partido Villamariense y el Partido Villamariense Escindido Social Cristiano.
Nora Landart, concejala de la UCR consideró que el secreto fiscal constituye una garantía para el contribuyente y que la publicación de este tipo de datos no es necesaria a la función del organismo fiscal, al fundamentar el voto negativo del bloque.
Acuerdos con cooperativas
Por otra parte, los concejales aprobaron por unanimidad, un proyecto de ordenanza del DEM, ratificando un contrato celebrado con la Cooperativa de Trabajo 7 de Febrero Ltda. a través del cual el municipio concede a la entidad la ejecución de los trabajos de separación de los Residuos Sólidos Urbanos, reciclables y orgánicos reciclables, y su posterior acondicionamiento para venta, que ingresen en la planta de ruta 2.
"Las 85 toneladas aproximadas diarias de residuos deberán ser procesados por la Cooperativa, quien separará los inorgánicos comercializables y los orgánicos que decida disponer para la elaboración de compost. El resto deberá ser entregado al municipio para que proceda a su enterramiento", indicó el edil de UPC-FPV Rafael Sachetto.
Puntualizó que para la realización de los trabajos, la Cooperativa utilizará el equipamiento de separación existente en la planta y equipos cedidos en comodato por el municipio, al tiempo que la comuna abonará un canon mensual de 15 mil pesos.
Por otra parte, fue aprobado por unanimidad un proyecto de ordenanza del DEM solicitando la ratificación del contrato celebrado con la Cooperativa de Trabajo La Sustentable Ltda., a través del cual el municipio contrata a la entidad para la realización de tareas en el predio de ruta 2, consistentes en el manejo y operación de maquinarias, equipamientos y herramientas y el control del personal de vigilancia del lugar.
En sala, Sachetto indicó que a los fines de un mejor cumplimiento de las tareas por parte de la Cooperativa, el municipio efectuará un aporte económico en carácter de subsidio por la suma de 45 mil pesos mensuales, destinada a cubrir gastos operativos.
Finalmente fue aprobado por mayoría un proyecto de ordenanza del DEM ratificando el convenio de pago celebrado con la Cooperativa de Trabajo 7 de Febrero.
Sachetto explicó que por el convenio, el municipio asume la obligación de abonar 19 mil pesos en cinco cuotas mensuales a la Cooperativa, en concepto de una deuda que la UTE Innviron - Medio Ambiente SA mantenía con la misma, al momento de la rescisión de la relación contractual.
En este punto, el edil del PV, Darío Capitani, adelantó su voto negativo al considerar que el pago a la Cooperativa debía efectuarlo la UTE.
"El municipio sigue pagando las irresponsabilidades de la empresa", añadió.
También el concejal de la UCR Carlos Gagliano hizo hincapié en que por el “fracaso” del municipio, hoy debía hacerse cargo de esa deuda, aunque el bloque acompañó el proyecto porque priorizó el fomento al cooperativismo.
Etchegaray pidió informes sobre los basurales
La concejala del Partido Villamariense Social Cristiano, Georgina Etchegaray (foto), presentó un pedido de informes dirigido al secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Rodolfo Bergamasco, para que informe acerca del estado del basural al momento de la rescisión del contrato con la UTE (Innviron Corportion-Medio Ambiente SA), y acerca del plan de gestión sobre la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos.
Asimismo, la edil solicitó información sobre los basurales clandestinos a cielo abierto, ubicación de los mismos, tratamiento y formas de prevención.
Por otra parte, que se informe sobre el estado de las maquinarias y del predio, alambrados, desmalezamientos, etcétera, como así también de los incendios ocurridos en los últimos meses, origen de los mismos y prevención.
La edil pidió que la información se brinde “con carácter de urgente y atendiendo los acontecimientos sucedidos días pasados”.