Durante la jornada del viernes pudo conocerse que el Partido Justicialista de Villa María realizó la compra de bonos de YPF, empresa que fue estatizada durante este 2012.
Tal como fuera publicado por este matutino en la jornada de ayer, el partido político aludió que esta inversión “es una clara manifestación de apoyo político al rumbo económico establecido por el Gobierno nacional. El justicialismo local ya había apoyado la nacionalización del 51% de YPF, ya que fue una decisión tomada desde la Presidencia de la Nación”.
Una opinión contraria a esta situación es la que tiene al respecto la concejala de la Unión Cívica Radical (UCR) Nora Landart, quien expresó su displicencia con la acción tomada por parte del PJ villamariense.
“Me parece que es una cuestión absolutamente improcedente que contradice principios legales. No se pueden entremezclar los intereses particulares con los intereses de la administración pública. Esto es un precepto inviolable para un funcionario público. Quienes deberían haber establecido un límite son los funcionarios que en este momento están administrando una empresa que ha sido estatizada. Está comprando acciones el partido cuyo proyecto político en este momento tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la Nación”, apuntó.
El análisis de Landart no quedó allí, sino que trasladó esta situación al ámbito nacional diciendo “creo que esto es una constante que se presenta dentro de este proyecto político que utiliza los recursos y las empresas del Estado, no sólo para construir un aparato político y para sostener una estructura política partidaria. Esta es una constante de este Gobierno, lo vemos con YPF y lo vemos con Aerolíneas Argentinas. Esto ha caracterizado al justicialismo siempre que ha ejercido el poder y en el marco de este modelo lo vemos en su máxima expresión. Esta es una línea interna del Frente para la Victoria y del movimiento peronista, que utiliza las distintas empresas del Estado para atender sus compromisos políticos partidarios. Lo mismo sucede con la Ley de Medios, si se observa cómo está conformada la Secretaría de Comunicación que regula dicha ley, vemos una planta de cargos políticos que es verdaderamente preocupante”.
La concejala de la UCR también analizó situaciones acaecidas en el ámbito local, las cuales según ella tiene la misma connotación que este tipo de inversiones sobre la empresa nacionalizada. “Cuando se genera un organismo de control lo que se necesita es que estén en ese organismo personas que no sean afines a uno. En esto se puede hacer una comparación con el Tribunal de Cuentas de Villa María. El Partido Justicialista permanentemente reclama modificar la Carta Orgánica Municipal, particularmente su presidente De Falco plantea que hay que modificarla para garantizar que el Tribunal de Cuentas deje de ser un organismo de control. Esa también es una característica de este movimiento que se dice nacional y popular, el hecho de distorsionar principios y valores que rigen la vida de las instituciones de la democracia. Se está olvidando el lugar que ocupa Argentina en relación al ranking mundial de corrupción, que es uno de los factores claves que debilitan las democracias en todos los países del mundo. Nuestro país está dentro de los primeros lugares en materia de corrupción”, indicó.
Finalmente, Landart reveló que “es probable que mañana elevemos algún repudio al respecto de esto en el Concejo Deliberante, y es muy probable que lo hagamos junto a otros bloques si así lo desean. Por lo menos intentaremos sacar una posición desde nuestro partido, de eso estoy totalmente segura”.