El juicio por la megacausa La Perla, que por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Córdoba se realiza en los Tribunales Federales de la capital provincial, pasó a un cuarto intermedio hasta el 5 de febrero del año entrante.
El Tribunal Oral Federal Nº 1, integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falucci (ex fiscal Federal de Villa María) y José Quiroga Uriburu, luego de una audiencia de 25 minutos, en que se dio lectura a las acusaciones de dos causas anexadas al expediente Acosta y Barreiro, resolvió un cuarto intermedio hasta las 9.30 del primer martes de febrero, luego de la Feria.
Un incidente menor se registró en esta sexta audiencia, cuando el imputado Chubi López, ex agente civil de Inteligencia, mostró una foto de José Ignacio Rucci y tuvo que ser reprendido por el presidente del tribunal.
En tanto, el fiscal coayudante Carlos Facundo Trotta precisó que el reinicio del debate oral y público continuará en febrero con lecturas de acusaciones, en esta oportunidad con el expediente de la “causa Barreiro”, uno de los más voluminosos, con 82 víctimas y 32 imputados.
Luego de cumplir con ese trámite procesal se habilitará a las partes para los planteos a las cuestiones preliminares de las 16 causas, para seguir con la posibilidad de que los imputados ejerzan el derecho a declarar o no, y cumplido eso empezar con el debate de las pruebas testimoniales y documentales.
“También está abierta la posibilidad de acumular nuevas causas durante el proceso de enjuiciamiento”, explicó el villamariense Trotta.
En ese sentido, no descartó la posibilidad de incorporar el expediente Hermes Rodríguez, más conocido como “La Perla II”, que tiene unas 200 víctimas. “La idea es incorporar la mayor cantidad de causas posibles”, resaltó.
Junto al ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, están imputados otros 45 represores y los delitos que se juzgan son “privación ilegítima de la libertad”, “imposición de tormentos agravados”, “aplicación de tormentos seguido de muerte”, “homicidio calificado”, “tentativa de homicidio calificado”, “sustracción de menor de 10 años”, “abuso deshonesto” y “violación”.
Los hechos delictivos que se juzgan fueron cometidos mediante el plan sistemático de extermino implementado por el terrorismo de Estado, entre 1975 y 1976, y que en este caso tuvo como víctimas a 417 personas.