Integrantes de la agrupación Memoria, Verdad y Justicia que componen más de 300 organizaciones a nivel nacional, visitaron ayer a los seis detenidos por la pueblada de Corral de Bustos, en el marco de la actividad que desarrollan atendiendo la situación de los presos políticos de la Argentina.
Enrique Fukman, ex detenido; el abogado Nicolás Tauler, de Liberpueblo y la legisladora cordobesa Cintia Frencia, de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), fueron acompañados por el secretario gremial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Regional Villa María, Néstor Gea, a la cárcel de barrio Belgrano, la Unidad Nº5 del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Tras una reunión de dos horas con los detenidos “que consideramos presos políticos, porque entendemos que se trata de una reprimenda ejemplificadora este caso, porque el pueblo en 2006 (4 de diciembre) salió a reclamar por justicia, para hacer escuchar que hubo una violación y muerte de una nena de tres años (Ariana Sabache)”, indicó en primera instancia el letrado Tauler. Respecto a la visita, señaló que como lo hacen con todos los detenidos de similar situación, se acercaron “para recolectar de primera mano información de la causa, solidarizarnos, para luego poder hacer el reclamo ante organismos internacionales. Los pedidos concretos son dos: uno, la liberación inmediata, ya que además no cuentan con sentencia firme y segundo es la revocación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Vamos a ver si el TSJ ratifica el mamarracho (fallo) de la Cámara del Crimen de Bell Ville, y si es así acudiremos a la Corte Suprema de Justicia”.
“Es infame esta causa, no puede haber prisión efectiva sin sentencia firme”, abonó el abogado.
Fukman aportó que “no puede ser que 17 personas sean detenidas por reclamar el esclarecimiento de asesinatos, detenidos sin pruebas en su contra, en el marco de un Estado constitucional democrático. Argentina ha padecido demasiado, por lo que es grave”.
“Si bien no se trata del primer caso de disciplinamiento de la protesta en nuestro país, porque “tenemos 4 mil judicializados por causas reivindicativas, por reclamar mejores salarios, una vivienda, trabajo o justicia”, si el de los corralenses se constituye en “particular porque los ciudadanos fueron condenados, cuando la mayoría son detenidos y se les abre causa que son extorsivas (si haces algo que no me gusta vas adentro de nuevo)”.
“Hubo 35 asesinatos de 2003 a la fecha, por luchar, y en una amplia geografía (ocho en el año)”, dijo el ex detenido. Por último, sostuvo que “el límite es que los argentinos nos juntemos todos y cuando alguien se movilice para reclamar apoyarlo, no mirarlo mal, discriminarlo o pelearlo”.
Finalmente, la legisladora Frencia dijo que “se ha ido generando diversas herramientas para garantizar negociados con disciplinamiento social, por ejemplo la Ley Antiterrorista, amagando aplicarla en Catamarca o Famatina (La Rioja). La zona liberada en Corral de Bustos tiene que ver con eso, garantizar el narcotráfico, la trata de personas, encubrir crímenes y el juego”.