La lectora E. B. (DNI 4.839.970) remitió una misiva a nuestra Redacción donde plantea una queja pública al municipio villamariense respecto al “aumento del 501% en tasas por servicios que no se prestan”, según su óptica.
A continuación, sus palabras: “Soy propietaria de una fracción de campo de 42 hectáreas heredada de mi padre que la Municipalidad de Villa María pasó a integrar el ejido urbano que fue, sucesivamente, cambiando de categorización de zona con los consiguientes aumentos. Sobre esto, verá usted, una cosa es un aumento razonable y otra, muy distinta, un 501% de un año a otro.
El inmueble está ubicado a casi 6 kilómetros de la plaza Centenario, vías del ferrocarril de por medio, enfrente a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos. Mide 640x649 metros de lado y no tiene calles interiores.
El acceso al predio es poco menos que imposible ya que los caminos están totalmente cubiertos de yuyos, árboles caídos, pozos y pantanos, montones de tierra, escombros, de basura y elementos (heladeras, lavarropas, cubiertas) que la gente, desaprensivamente, deposita en los mismos. Son senderos intransitables. Es un campo rodeado de más campo.
¿Recolección de residuos? Jamás. ¿Riego? Nunca. ¿Iluminación? La de las estrellas y la Luna. La foto ilustra claramente parte de lo expuesto.
Entonces cabe preguntarse: ¿qué servicios brinda la Municipalidad para tener “derecho al cobro de la tasa impuesta”? Se transforma sólo en un indebido impuesto a la propiedad.
Vanos fueron los intentos de lograr la debida atención solicitada reiteradamente, por escrito (el 13 de julio de 2012) y personalmente y por teléfono ante el Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, ingeniero Bergamasco y sus colaboradores. Después de ser considerado lo que era y, en rigor, sigue siendo un campo, se consideró como “zona 8va.”, después en 2012 fue “ascendido” como zona “G” para el cobro de la Tasa de Servicios a la Propiedad regida por Ordenanza 6.428 como parte del radio urbano aprobado por Ley provincial 9.509. Al decir verbalmente por la arquitecta Silvia Carriazo, “forma parte de la zona industrial”.
Soy respetuosa cumplidora de mis obligaciones tributarias y prueba de ello es el comprobante de pago total anticipado de $3.544,49 efectuado el 6 de marzo de 2012, a pesar de la absoluta falta de prestación de los servicios. Ahora bien. Acaba de llegarme el cedulón de 2013 y todavía estoy tratando de reponerme. Ha vuelto a ser “ascendida” esta fracción de terreno y ahora es zona “F”. Como si fuera una broma macabra, aparece la suma de $21.298,97, lo que representa el “módico incremento” del 501%. ¿A título de qué? Seguramente porque habrá más yuyos, más oscuridad, más basura y más obstrucciones para llegar a lo imposible o hacer un viaje a lo inesperado.”
Las fotografías
Los cedulones de la polémica. En los comprobantes que se observan en la primera fotografía se puede comprobar el aumento inusitado de la tasa que reporta la lectora E.B. En la otra imagen, el terreno que ha recibido la recategorización como zona F