En abril de 2012 el intendente Guillermo Cavagnero firmó un acuerdo con el rector de la Universidad Nacional de Villa María (hoy de licencia), Martín Gill, que comprendía que la casa de altos estudios impulsaría “acciones concretas que le permitan al municipio alcanzar una administración equilibrada”. Así se ponía en marcha el Programa de Fortalecimiento de la Administración Pública Municipal (Profam).
La Universidad buscaría desde entonces la reorganización administrativa, la capacitación de recursos humanos propios y el ordenamiento de la capacidad tributaria de un municipio ya declarado formalmente en crisis (ver recuadro izquierdo).
Basados en la Carta Orgánica Municipal (COM), los concejales del radicalismo advirtieron que aquel convenio firmado entre el municipio y la Universidad Nacional de Villa María debió pasar previamente por el Concejo Deliberante, algo que no sucedió. No obstante, la declaración de emergencia podría facultar al intendente a sellar el acuerdo sin el visto bueno del Legislativo.
El 19 de abril, en tanto, presentaron en este contexto un Régimen Especial de Presentación Espontánea y Regularización de Deudas por el cual no se redujo el capital de deuda de los vecinos, pero sí los intereses y se anunció que quien no pagara, sufriría embargos. Se develó que había 20 millones de pesos por cobrar.
El régimen abarcó todas las deudas tributarias municipales, incluso las comprendidas en planes de pago anteriores, hubiesen o no caducado, vencidas al 31 de marzo de 2012.
El radicalismo encendió la mecha en varias oportunidades. En junio, por ejemplo, al informar que se pagaron 742 mil pesos a la Universidad “para que realice una cobranza que no hizo, siendo tarea indelegable del Gobierno”.
Ese monto se refiere, según lo estipulado en el convenio firmado por las partes, al 25% de lo recaudado en concepto de los diferentes tributos que los ciudadanos realizan al municipio (por tasas y servicios).
Oficialmente, nunca hubo en todo el año respuestas sobre la marcha del plan ni sobre lo recaudado. Por un lado, hacía visible la buena repercusión de la iniciativa el hecho de que desde julio el municipio, en una situación sin precedentes, pudo abonar los sueldos de los trabajadores de la comuna con fondos genuinos. Son más de 1.200.000 pesos de bolsillo, mensuales.
Por otro lado, en diciembre el concejal Javier Pérez, de la UCR, aseguró que de 8.800 frentistas, sólo paga los tributos el 37%, pese a la marcha del Profam, el que aumentó la capacidad de cobro en un 12%, ya que antes era del 25%. Nadie lo desmintió.