La reciente medida del gobernador de la Sota interrumpiendo la señal de la Televisión Digital Abierta en las ciudades de Río Cuarto, Leones y Villa María no sólo impide que más de 500.000 cordobeses accedan al servicio televisivo en forma gratuita, sino que se transforma también en un reprochable intento por acallar las voces de quienes no responden a los intereses políticos y económicos del Grupo Clarín, en un claro atentado contra el acceso a la información y la libertad de expresión en la provincia de Córdoba. Impidiéndonos además el acceso a canales educativos y culturales de inobjetable calidad formativa para millones de argentinos.
Pero la decisión del gobernador avanza, retrocediendo en términos históricos, en otro sentido, retrotrayéndonos a tiempos que los peronistas creíamos superados, al menos dentro de nuestro partido.
La postura asumida por de la Sota nos introduce nuevamente de lleno en la lógica política que prevaleció durante el período 1975-2004: el mercado o, mejor dicho, los grupos económicos que dominan el mercado, se constituyeron en únicos decidores del rumbo económico y político que debía seguir nuestro país. Mientras que gobernantes y políticos, con honrosas excepciones claro está, se transformaron en una suerte de gerentes de esos grupos económicos.
Y es ésta precisamente la función que el gobernador se esta asignando a sí mismo y a su Gobierno. Parece más el gerente de comercialización de Cablevisión que un gobernador preocupado por trabajar por la educación y cultura de nuestro pueblo. Sólo le falta declarar que “lo democrático es que todos paguen el cable” para asumir plenamente el rol de aquel recordado gerente general de Cablevisión que con motivo del debate por el “Fútbol para todos” hizo célebre aquella frase.
Pero a esta, su convicción ideológica, hay que añadir que la resolución de impedir que tantos cordobeses accedan a la televisión gratuita se enmarca también en la decisión de de la Sota de transformarse en el candidato a presidente de los sectores neoliberales, incluidos algunos peronistas que no aciertan en encontrar un candidato que les permita retomar el Gobierno del país. Dentro de esta lógica, el gobernador debe retribuir el buen trato que le dispensan los medios de comunicación del multimedio Clarín.
Por último merece destacarse la hipocresía de apelar al daño que las antenas de la TDA podrían ocasionarle al ambiente para cercenar el derecho de tantos cordobeses humildes.
Si al Gobierno provincial le importara de verdad la protección del ambiente de Córdoba, no figuraría dentro del récord nacional de desmonte de bosques nativos en beneficio de las apetencias sojeras. Tampoco los vecinos de las localidades linderas a los campos o, mejor dicho, de los barrios humildes de esos pueblos, estarían reclamando para que dejen de fumigarlos.
En fin, cuando en los próximos días se corra el telón de uno de los eventos culturales y artísticos más relevantes para nuestra ciudad, el Festival de Peñas, muchos villamarienses se verán privados de ver las imágenes televisivas transmitidas por la TDA. Los intereses económicos y políticos de grupos empresarios y del gobernador de la Sota habrán sido más fuertes que los derechos de miles de cordobeses.
Sebastián Capurro
Verónica Vivó
Gerardo Russo
