Una y media de la madrugada del viernes 1 de febrero. El segundo mes del año comenzaba de mala manera para cinco adolescentes que paseaban en bicicleta por la zona de la costanera. La escena transcurrió en bulevar Cárcano y San Luis.
Nosotros regresábamos a nuestros hogares tras cenar a orillas del río cuando observamos que dos móviles policiales habían detenido a los cinco pibes en la intersección de las citadas calles y los habían colocado contra los automóviles del Comando de Acción Preventiva. Parecía, francamente, que habían protagonizado algún delito. Tras mirar lo que ocurría desde unos metros de distancia, resolvimos acercarnos. Así pudimos constatar personalmente la arbitrariedad policial. ¿Qué habían hecho estos cinco chicos? Nada, según surgió de propia boca de los efectivos. “Sólo un control de rutina”, aseguraban mientras les hacían preguntas a los pibes y los padres de uno de ellos les decía que su hijo era menor de edad y que no estaba haciendo nada. “Nosotros no sabemos si no estaban haciendo nada”, contestaban los uniformados.
Como nosotros interrogamos a los integrantes de la fuerza policial sobre su accionar, un efectivo femenino llamó a otro móvil “para solicitarle apoyo”.
Les preguntamos por qué no dejaban a los adolescentes seguir su marcha, luego que nos confirmaran que sólo era un procedimiento de control de rutina, el que (a esta altura) evidentemente había obtenido como resultado que los pibes no contenían ni droga ni armas ni ningún otro elemento que los hubiese colocado en una situación embarazosa.
Nos parece llamativo que nuestra actitud asustara a los jóvenes, lo que nos hace presumir que padecen una violencia policial insistente, tal como vienen denunciando organizaciones sociales de la ciudad y la provincia: nos pidieron que nos vayamos, “porque por ustedes se la van a agarrar con nosotros y nos van a llevar presos”. Los chicos tenían miedo. Sí, miedo de terminar en el calabozo por no haber hecho nada. “¿Cómo nada? El estuvo preso tres años por un robo”, argumentó uno de los oficiales, lo que pone de relieve su manera de pensar: para él, es secundario que haya cumplido una pena. En el universo de la fuerza que integra, el chico será siempre un delincuente, aún cuando haya purgado su condena. En su concepción, no existe la reinserción ni la recapacitación de la persona. Fue, es y será un delincuente.
Como no los dejaban libres y los mantenían contra los automóviles policiales, les interrogamos qué esperaban para dejarlos tranquilos. ¿La respuesta de uno de ellos? “Estamos esperando orden de nuestro superior”. ¿Qué orden esperaban? Si fueron los encargados de este operativo y ese operativo había desnudado que no había nada que reprocharles.
Entonces llegó el otro móvil, nos preguntaron nuestros datos y dejaron seguir a los pibes. Les planteamos si hacían lo mismo con jóvenes de un extracto social de alto poder adquisitivo. Nos respondieron que si teníamos algo que exponer sobre algún ciudadano de clase social alta hagamos la denuncia respectiva. Por eso nos preguntamos: ¿hubo denuncia para frenar en la noche, a la vista de todos, a los pibes que andaban en bicicleta? Ellos mismos admitieron que no.
El Código de Faltas atenta contra los jóvenes con menos oportunidades sociales y económicas y permite a la Policía provincial hacer detenciones en la vía pública, se calculan unas 200 diarias en el territorio cordobés. Existen denuncias hacia la fuerza policial por recibir “premios” por cantidad de detenciones.
Creemos que debemos tomar partido y oponernos al Código de Faltas. Sabemos que en nuestra ciudad los pibes de los barrios pocas veces pueden transitar tranquilos más allá de los bulevares. Sabemos que no pueden llegar al centro, porque tienen miedo de padecer la cotidiana violencia de la fuerza policial. Creemos que debemos desnaturalizar esta realidad y organizarnos en repudio de esta violencia.
Antonella Turletti, Alexis Scarponi y Melisa Carreño (estudiantes y militantes de organizaciones sociales de la ciudad) y Diego Bengoa (periodista villamariense).
