Un suboficial de la Policía Federal Argentina, que revista en la Delegación local de la fuerza, comenzó a ser juzgado ayer en los Tribunales de Villa María por su presunta intervención en la usurpación de una vivienda de barrio Belgrano por parte de una pareja.
Se trata del sargento José Eduardo Reinoso, de 44 años, quien comparece en libertad imputado como supuesto “partícipe necesario de usurpación por despojo”, un delito que, legislado por el artículo 181 del Código Penal, es sancionado con prisión de seis meses a tres años.
En rigor de verdad, la causa madre de este proceso tiene como principales implicados a Bruno Omar Alexis Mansilla y a su mujer Natalia Romina Blanco, acusados de haber usurpado la vivienda ubicada en Chile 1550, pero ambos solicitaron la suspensión del juicio a prueba, o “probation”, y por el momento evitaron sentarse en el banquillo.
Ante esta situación procesal, que aún no fue resuelta (es decir que si se les deniega la “probation”, Mansilla y Blanco serán juzgados oralmente más adelante), la causa llegó a la Cámara en lo Criminal y Correccional con un único imputado.
El suboficial Reinoso, por su condición de funcionario policial, no puede solicitar la aplicación del instituto legal que posibilita la suspensión del juicio a prueba, por lo que comenzó a ventilarse su eventual participación en el hecho.
Según la requisitoria de elevación a juicio, a Reinoso se le atribuye haberles prestado a Mansilla y Blanco una amoladora para que cortaran el candado que cerraba la puerta de acceso al inmueble.
Sin embargo, al declarar a poco de iniciada la audiencia de debate, el sargento negó tal circunstancia y adujo que había sido involucrado en la causa por la animosidad que tiene en su contra uno de los principales testigos del incidente, el también uniformado Hernán Darío Giusiano, quien presta servicio para la Policía de la Provincia de Córdoba.
Problemas personales
Reinoso refirió que tuvo serios problemas con Giusiano por “cuestiones personales” y que a raíz de eso lo acusó de haberles prestado la amoladora a los usurpadores y de haberles “marcado” la casa deshabitada para que se metieran ilegalmente.
Según se desprende del expediente, Giusiano es hijastro del dueño de la vivienda en cuestión, Rodolfo Máximo Bazán, un policía retirado que fue quien denunció la usurpación e incluso participó activamente en el violento desalojo de la pareja y sus hijos en horas del mediodía del 19 de febrero del año pasado.
Tanto Bazán como Giusiano declararon ayer como testigos del hecho y en el caso del policía en actividad negó que tuviera problemas con Reinoso.
El juicio oral y público es presidido por el camarista René Gandarillas y cuenta con la participación del fiscal Correccional Horacio Vázquez y del abogado defensor Julio Monasterio, mientras que la secretaria actuante es Marcela Mattalía.
La audiencia de debate tendrá su continuidad el próximo lunes, a partir de las 9, con el comparendo de dos nuevos testigos que fueron requeridos por la Fiscalía.