La nota “colgada” por Roberto E. Gallo, periodista de nuevodialeones, apunta que el pasado 14 de febrero, Giménez Pizarro, ex comisario de esa ciudad, querellante y testigo de una causa de derechos humanos, visitó la redacción de Nuevo Día, acompañado por su esposa Valentina Robledo, también policía, ocasión en la que denunció las acciones intimidatorias de que fue objeto por investigar sobre el crimen de su padre, Alberto César Giménez, quien era secretario general del gremio de pasteleros ocurrido en febrero de 1976, según todo indica por el denominado Comando Libertadores de América, una organización parapolicial.
Giménez Pizarro tenía entonces 11 años y años después ingresó luego a la Policía para esclarecer el crimen.
El ex funcionario policial reveló a Nuevo Día que el actual jefe de la Policía de Córdoba, Ramón Angel Frías, le dijo que se “dejara de joder” y sostuvo que el último apriete que sufrió se produjo apenas unas horas después de que Frías quedara a cargo de toda la Policía cordobesa. Por esta razón, el 6 de febrero último, junto a su abogado, Hugo Vaca Narvaja, se entrevistó en Buenos Aires con el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.
Amenazas
Al iniciar su relato Gómez Pizarro refirió que “en 2009 me ausenté de Leones, después de la Fiesta Nacional del Trigo. Me fui a Córdoba donde realicé un curso de ascenso en la Escuela Superior de Policía, el cual se extendió hasta junio. Luego me otorgaron una licencia. Cuando regresé, en agosto, me llamó el comisario mayor Azcona, que en ese momento era jefe de la Departamental, y me notificó que lo habían llamado desde Córdoba para informarle de mi pase a esa ciudad. Yo lo sospechaba, pero no de esta manera”.
Siguió diciendo que “en el mes de julio, mientras estaba en Córdoba visitando a mi madre, me citó a su despacho el comisario mayor Frías, que en aquel entonces era el jefe de Departamentales Sur (y) en esa entrevista me preguntó qué pasaba conmigo que estaba investigando a la gente del D2. Me dijo que, a raíz de eso, él me iba a trasladar y dar el retiro para que “me dejara de joder”. Le manifesté que había ingresado a la Policía con el objetivo de esclarecer por qué habían asesinado a mi padre y quiénes eran los posibles autores. La muerte había ocurrido el 26 de febrero de 1976, en el Gobierno democrático de Isabel de Perón, que cae a los 20 días”.
Después…
“Siempre pensé que el haber denunciado un delito de lesa humanidad iba a crear una situación incómoda en la institución, nunca me hice la idea de que me iban a dar una medalla por eso -sostuvo Giménez Pizarro, y continuó. Para la Policía soy un traidor, ellos estuvieron “durmiendo con el enemigo” durante 30 años. De todas maneras, pensé que iba a ser un inconveniente interno, intra-institucional”.
Relató que, “a las 12 horas de llegar a Leones me envían a Córdoba. Allí empezó a materializarse lo que me había adelantado Frías. En base a mi labor en la ciudad y la zona había recibido calificaciones de 9,50 y 10 y este señor me calificó con 3, 4 y 5, sin fundamentar por qué. Estas actitudes ponían en evidencia que me iba a un retiro sin freno a fin de año. Lo único que faltaba era que esto tomara forma y que me asesinaran como a mi papá, como me había dicho Frías. Por lo tanto, decidí solicitar el pase a retiro. La institución me debía dos años y medio de licencias”.
A la Justicia
“Hice la denuncia en la Fiscalía Federal a cargo del doctor Vidal Lascano. Transcurrieron dos años, el doctor Vaca Narvaja tomó mi representación legal. El constató que en la Fiscalía no se había realizado diligencia alguna para determinar si lo que yo había denunciado era veraz. Ante esto, se decidió denunciar ante el procurador de la Nación, que en ese entonces era el doctor Esteban Rigui, quien envió a unas personas a constatar mis dichos. Vidal Lascano se apartó de la causa y esta investigación recayó en la doctora Graciela López de Filoñuk, que está en Derechos Humanos y también tiene parte en la Fiscalía en lo penal. Así, desde fines de 2011 y principios de 2012 se está investigando esta situación.
De la Sota
Cuando se le preguntó por qué responsabiliza al gobernador José Manuel de la Sota, el ex comisario recordó que “cuando cumplí los dos años y medio de licencia y estaba en condiciones de ser retirado -en julio de 2012-, me notificaron que el ministro Alejo Paredes había realizado una resolución para la mayoría de las personas que se encontraban en esta situación de retiro y una especial para mí, mencionando que mi retiro era “condicionado”, aduciendo “causas administrativas pendientes”. Ese mismo día me dirigí al Tribunal de Conducta Policial, donde me expidieron un certificado que indica que las causas se encontraban cerradas y archivadas”.
“Con el objetivo de corregir este error aparente del ministro Paredes, inmediatamente hago otro expediente a Administración de Personal”, apuntó el denunciante y “en agosto de 2009 la Caja de Jubilaciones me notificó que mi retiro seguía siendo “condicionado” y que se basaba en la resolución del ministro. Volvimos a apelar y en octubre de 2009 la Caja me otorgó un retiro definitivo e inamovible. Evidentemente hay connivencia política del jefe de Policía, que en ese momento era Sergio Comunaro, y Frías, que integraba el Estado Mayor. Entonces en octubre de 2012, en dos oportunidades, solicité audiencia al ministro Paredes y al gobernador de la Sota. No obtuve eco de mi reclamo. En diciembre comencé a notar un seguimiento policial a manera de presión, porque no estaban realizando ninguna actividad policial, ni control vehicular, nada de eso”.
Con custodia
La Policía Federal custodia a Giménez Pizarro “y estamos esperando que comience el juicio “Menéndez 3 o Juicio de la Perla”, una megacausa donde posiblemente haya unas 800 más, entre las cuales, quizá, se encuentre también la de mi padre. En el asesinato de mi padre ya hubo una imputación, la apelaron, no se le dio lugar, por lo que la causa va a ser subida a debate”.
No obstante, reveló que el viernes 28 de diciembre de 2012, alrededor de las 21, Giménez Pizarro manejaba su auto junto a su esposa Valentina y su hijo de 9 años, cuando dos motos policiales comenzaron a seguirlo.
La familia venía de la casa de un pariente. Giménez Pizarro se detuvo un momento en su domicilio de barrio Alta Córdoba para que su mujer buscara algo y dirigirse a otro lugar. Las motos pararon unos metros detrás y Julio aprovechó para sacarles algunas fotos como venía haciendo hace tiempo. Cuando el auto arrancó nuevamente, uno de los motociclistas interceptó el auto y lo obligó a detenerse. El comisario bajó del auto para preguntar qué sucedía, pero la moto arrancó súbitamente en contramano y se perdió en el barrio junto a su compañero.
“Esta es la gota que rebalsó el vaso, no pueden meterse con mi familia”, dijo Giménez Pizarro. El 2 de enero, primer día hábil de este año, se presentó en la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo de Enrique Senestrari, para denunciar el acoso que sufre ya que se encuentra en un programa de protección de víctimas del terrorismo de Estado, en su calidad de querellante en la causa referida al asesinato de su padre en 1976.
