En una carta enviada el 25 de setiembre pasado al Rectorado de la Universidad Nacional de Villa María, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE) cuestiona la implementación del Profam, el programa por el cual el Gobierno de Villa Nueva sostiene que logró oxigenar sus cuentas públicas y cobrar tributos a los vecinos.
La misiva fue develada ahora por el presidente del Tribunal de Cuentas de la comuna, el radical Ignacio Tagni. Y en la misma se advierte a la casa de altos estudios que llevarán adelante “todas las acciones pertinentes” para evitar que entes públicos y universidades “realicen actividades ajenas a su finalidad” y para que las mismas “no transgredan las leyes y las normas que regulan el ejercicio profesional y la ética”.
Esto se sostiene porque, a entender del Consejo, los convenios como el Profam son de “competencia e incumbencia exclusiva de los profesionales en Ciencias Económicas” y “no cumplen con los objetivos y fines que la ley prevé para habilitar la prestación de los servicios profesionales por parte de las universidades”.
La entidad evaluó que los servicios prestados por las universidades “podrían tener lugar en los casos que se aplique investigación y desarrollo tecnológico o procesos novedosos, o en los casos que sea necesaria la optimización de conocimientos existentes para facilitar su preservación o transmisión con el objeto de la formación como profesional y docente, pero siempre respetando las normas legales profesionales con el fin de alentar una leal competencia entre prestadores de servicios de igual condición”.
La situación “se desvirtúa” cuando en el mercado aparecen casos como éste, “que resultan subsidiados por los presupuestos universitarios y están exentos de impuestos y cargas tributarias”, advirtió el CPCE.
Y añadió que resulta un despropósito que se pretenda “competir con los mismos profesionales que contribuyó a formar y a los que les otorgaron títulos habilitantes”.
