“No hay, no loco, la locura es algo que nos pasa un poco a todos y en la medida que uno puede reconocer eso y reconciliarse con las partes que uno no querría y que uno preferiría que no le pasara, pero en realidad le pasa, uno se puede ver mejor con esa parte de uno mismo y de los otros, así podemos tener una sociedad más inclusiva”. Ese es el disparador que propuso Cecilia Berra (psicóloga que vivió parte de su vida en Villa María) para entrar en el tema y poder debatir sobre la locura, las instituciones manicomiales y las nuevas alternativas.
Con generosidad y predisposición a responder todas las preguntas, las psicólogas Cecilia Berra y Jacinta Burijovich recibieron a EL DIARIO en el Area de Investigación del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de la ciudad de Córdoba. Las dos profesionales de amplia trayectoria académica en la Universidad Nacional de Córdoba forman integrantes de la Mesa de Salud Mental y Derechos Humanos, que comenzó a armarse a fines de 2007 para dar el puntapié a la discusión por una nueva ley de salud mental desde un enfoque de derechos humanos.
“Históricamente cuando una persona tenía una patología mental, la respuesta tradicional era la internación y el aislamiento. Por eso, se crearon los grandes manicomios, donde en la provincia tenemos Santa María, Oliva y Bell Ville”, contó Burijovich.
Avanzando en el tiempo, indicó que “hubo muchos movimientos de reforma en Argentina desde el regreso a la democracia (en 1983) y se vieron algunos avances para desmontar esos dispositivos manicomiales, pero sin grandes transformaciones”.
Un informe
A partir de un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) del año 2007 denominado “Vidas arrasadas” se vuelve a instalar el problema de salud mental en nuestro país. “Con ese documento se descubre toda la vulneración de derechos que existían en estas instituciones, desde celdas de aislamiento, muertes no investigadas, castigos físicos, malas atenciones. Además, develó que había un vacío legal respecto a la salud mental”, explicaron.
En tanto, el CELS fue invitado a Córdoba a presentar el informe -donde hubo un auditorio lleno- y se conoció que la situación en la provincia era similar a otros lugares. “Entonces, nos convocamos como mesa para pensar una ley provincial, ellos (el CELS) ya estaban trabajando en una ley nacional. Esto se dio contemporáneamente a otros procesos, que son similares respecto a la vulneración de derechos, como por ejemplo a las movidas por la niñez, por género”, aclararon.
Ese fue el contexto que despertó la discusión de una ley provincial que garantizará los derechos de las personas con padecimiento mental o padecimiento subjetivo (denominación propuesta).
Las primeras reuniones fueron a principios de 2008, donde se pusieron en acción un grupo de trabajadores de salud mental de distintas instituciones, el Colegio de Psicólogos, los gremios, organismos de Derechos Humanos del Estado, integrantes de ONGs y asociaciones civiles que atienden estas cuestiones.
Reformas
“Las reformas desde la salud mental que se vienen a plantear en ese momento tienen que ver con el enfoque de derecho, la perspectiva de derecho, los locos también son ciudadanos. Por ejemplo: una cuestión obvia, las personas que están internadas no votan ¿por qué van a perder sus derechos políticos? además no pueden asociarse, esa es una pérdida de derechos políticos y sociales”, enfatizó Jacinta Burijovich.
Después de un año y medio (desde comienzos de 2008) de trabajo, la Mesa de Salud Mental presentó un anteproyecto a la Comisión de Salud de la Legislatura. Casi al mismo tiempo el Ejecutivo elevó un proyecto similar. “Finalmente, tres puntos fuertes que nosotros planteábamos en nuestro anteproyecto de ley no salieron, lo demás salió. La ley es un avance en garantizar derechos pero hay tres puntos que nos parecían centrales: uno es el porcentaje del presupuesto de Salud asignado a salud mental, donde nosotros planteábamos el 10%, como expresan los estándares internacionales”, puntualizaron.
El segundo de los apartados era la creación de un fondo específico para los municipios, “porque en realidad la parte más fuerte de la salud mental la deben llevar adelante los municipios que en realidad están totalmente desfinanciado, donde salió una cosa ambigua como que ‘la provincia hará acuerdos con los municipios’, pero no dinero específico para eso”, admitieron.
El tercer punto
La tercera cuestión que no salió fue la creación de un organismo de monitoreo, conformado por las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, la universidad, con la idea de supervisar la implementación de la ley, entrar a las instituciones. “Eso se transformó en un consejo consultivo coordinado por el director de salud mental, que no tiene las funciones que le atribuíamos a ese órgano de control”, afirmaron.
La Ley fue aprobada en 2010. En ese momento hubo un apoyo crítico desde la Mesa de Salud Mental, porque les parecía que avanzaba en derechos pero tenía ciertos déficit. En definitiva, el 28 de diciembre de 2012 fue reglamentada por el Gobierno provincial la Ley 9.848.
“Nosotros tenemos una crítica a la reglamentación porque le introduce una excepción, ya que el artículo 37 plantea que se prohíbe la creación de nuevos manicomios en la provincia y en la reglamentación le introducen excepciones, ‘salvo en algunos casos, jóvenes, enfermos de adicciones, pacientes institucionalizados’. A nosotros nos parece que la distorsión de ese artículo, porque no puede ser una respuesta la manicomial, hay que buscar otro tipo de respuestas y las internaciones son de última instancia. No en estas grandes instituciones, sino en hospitales generales, en comunidades más chicas”, argumentaron las psicólogas.
Ley nacional
A su vez, está la Ley Nacional de Salud Mental, pero que todavía no está reglamentada todavía. “Lo que sí se dio fue la reforma de algunos artículos del Código Civil que tienen que ver con insanía, con transformar la peligrosidad en riesgo cierto e inminente, porque cualquier persona que podía considerarse peligrosa se la internaba sin una protección, cuidada de por vida y aislada en estos lugares”, aseveraron.
Además, “esto de declarar insano a alguien tiene que ver con la capacidad o incapacidad de las personas, donde hay otro que viene a hacerse cargo de la persona y de todo lo que tiene que ver de la persona, es decir, sus bienes, sus decisiones, sus preferencias”, remarcaron.
Como se señaló, otras de las cuestiones reformadas en el Código Civil fue el de “la peligrosidad”.
“Se rotulaba a una persona, porque le pasaba algo en determinadas condiciones, en realidad la mayor cantidad de delitos no son los que están adentro de los hospitales. Eso tiene que ver con una representación social de la locura sostenida de varios lugares, desde una hegemonía en relación a la medicina, en cómo se organiza la atención”, dijeron
Para cerrar este punto, aportaron: “Cuando salió la ley, todos los medios hicieron eje en lo de la peligrosidad diciendo ‘todos los locos van a andar sueltos, en la calle’. Fue en realidad una lucha por el sentido de la ley, creo que no pudimos expresar claramente lo que expresaba la ley, porque rápidamente los medios se apoyaron en la peligrosidad de los locos”.
También, recordaron que el discurso sostenido por los medios se dio, porque “consultaron a los dueños de clínicas, a los psiquiatras más clásicos, a la parte del campo que resiste a esta transformación”.
Después
Luego que se reglamentó la ley provincial, la función de la Mesa de Salud Mental pasó a ser de monitoreo. “Presentamos un informe en el Congreso de Salud Mental organizado por Madres de Plaza de Mayo y el año pasado estuvimos denunciando situaciones particulares como las del Centro Psicoasistencial, el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD) y a su vez, seguimos proponiendo para avanzar con la ley.”
Se les consultó sobre qué factores harían estancar o detener el andar de la ley y respondieron que “la correlación de fuerzas es clara, pero si el tema se sostiene en la agenda alguna mejora se puede producir, aunque creemos que no es prioritario para el Gobierno. Ni siquiera en el discurso de inicio de sesiones ordinarias (2013) de la Legislatura se hizo referencia a este logro del Gobierno”.
En las clínicas
Según Berra y Burijovich, “las clínicas privadas es un lugar donde el Estado debería controlar, donde es muy difícil entrar. Si en el sector público la internación está detrás de los muros, en el sector privado la persona que entra a hacerse un tratamiento queda blindada. Es muy común que durante siete días, los profesionales que la estaban atendiendo y la familia no la vean, uno ha naturalizado que una persona esté durante una semana detrás de una pared sin que nadie tenga información. Es una cuestión gravísima, hay mucha dificultad para obtener información, los profesionales que están ahí están limitados para expresar algo y menos para poder organizarse”.
En relación a los centros privados, añadieron: “Uno solo ve la cuestión de hotelería y edilicia, pero no el tratamiento. Hay denuncias de familiares de pacientes que tuvieron muertes sospechosas”.
Para concluir la nota, dejaron un concepto más para pensar: “La salud mental es un problema de grupos muy vulnerables, donde se potencian condiciones de vulnerabilidad. Hay mucha gente que está internada innecesariamente, porque no tiene adonde ir o con quién ir”.
Un problema
Siguiendo, completaron con esta idea: “Eso hace que la salud mental sea un problema que confluyen diferentes sectores y que es difícil resolverlo desde salud mental, la internación como respuesta sirve para llenar todos los huecos y una vez que se internó es difícil que salga, porque no tiene adonde ir ni un equipo cerca que lo pueda contener. De la misma manera es la medicación, donde hay que estar cerca de este gran centro que es el hospital psiquiátrico que le va a seguir proveyendo ese tipo de respuesta”.
Guillermo Bovo
¿Qué propone la nueva ley?
La Ley de Salud Mental Nº 9.848 propone la transformación y creación de una red alternativa de contención. “Entre los muros porque la persona no tiene que estar aislada y marginada en los manicomios, pero tampoco abandonada en la calle. Y en esto, los dispositivos serían casas de medio camino, hogares de día, equipos interdisciplinarios en la comunidad para sostener a las personas con la problemática en su vida cotidiana, centro de capacitación laboral, talleres artísticos. Existen estas acciones, pero no hay una política integral, sino que solamente sostenidas por el esfuerzo de los trabajadores”, explicaron.
Los tratamientos
“Lo que la gente está acostumbrada a ver como locos, las personas que están internadas en estas grandes instituciones, están de esa manera gracias al tratamiento que se ha hecho de ellos, por las condiciones de institucionalidad, no por su padecimiento. Este nuevo marco viene a cuestionar todo esto”, consideró Cecilia Berra.
Y se preguntó Burijovich: “¿Qué sociedad permite algo que sea diferente? Todo lo que está afuera de la norma, tiene que ser aislado, es peligroso. Esta ley surge en un contexto de inclusión, en todo un entramado de leyes que avanzan en ampliación de derechos. La sociedad también deposita en la psiquiatría esa peligrosidad, esa persona que debe ser aislada. Lo que permite la ley de salud mental le devuelve autonomía y posibilidad de tomar decisiones a personas que por haber tenido en algún momento marginada perdiendo sus derechos.
De la Provincia
Presupuesto en caída libre
En los últimos años, el presupuesto en salud mental fue cayendo, donde sólo el 6% de la partida para salud está destinada a salud mental. “Baja el presupuesto de salud mental porque baja el de salud, además es imposible ver a salud mental como una isla sino que es parte de salud”, subrayaron.
Municipios
Asimismo, apuntaron que no hay financiamiento para los municipios y que para este año el Gobierno no estipula la creación de otras estrategias. “Hay sólo una casa de medio camino en la ciudad de Córdoba con seis camas, entonces no puede sostenerse una transformación desde ahí”, reconocieron.
LAS FOTOS:
1- Jacinta Burijovich junto a la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto. La Casa de Altos Estudios de “La Docta” es uno de los actores más fuertes en la Mesa de Salud Mental y Derechos Humanos
2- Cecilia Berra en una de las campañas del pasado
3- Jacinta Burijovich sosteniendo el cartel “No hay, no loco”
