Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, dispone el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, sabemos que, lamentablemente, la educación para la igualdad y el cumplimiento de las reglas, a tenor de bases objetivas que respeten la idoneidad, no es una norma que sociológicamente haya sido asumida por nuestra sociedad, en toda su integridad y efectos.
En virtud de esta verdadera cultura negativa del “acomodo” es imposible, en gran cantidad de situaciones, obtener un empleo público, sin "recomendación". De allí es que el esfuerzo cotidiano de los ciudadanos, a veces, debe volcarse a coleccionar contactos que puedan ayudar para conseguir el trabajo en reparticiones del Estado, en vez de permitir direccionar el esfuerzo en perfeccionamientos superadores e igualitarios. En definitiva, esta modalidad genera, en los hechos, una de las mayores discriminaciones que evidencia la realidad cotidiana de los argentinos en general, la de tener "cuña" o "padrino" o no. En virtud de lo cual, si se tienen vinculaciones, se puede todo o casi todo y si no se tiene, a veces, cuesta lograr obtener que se reconozcan hasta derechos que claramente corresponden.
La vocación de superar dicha circunstancia estuvo siempre latente en la buena conciencia social. Tan es así que, en 1987, la Constitución de la provincia de Córdoba trajo una esperanza de un avance positivo hacia el respeto de las esencias de un sistema equitativo y justo, en la asignación de los cargos públicos. En su artículo 174 se dispuso que, tanto para el ámbito provincial como para el municipal, “el ingreso a la Administración Pública se hace por idoneidad, con criterio objetivo en base a concurso público de los aspirantes, que asegure la igualdad de oportunidades”. Aún más, la misma Constitución exigió, en el art. 144, inc. 18, que era obligación del gobernador organizar la administración pública, en base a los principios consagrados en el artículo antes referido. A su vez, específicamente, se determinó también que el Poder Judicial estaba obligado a “designar a su personal en base a un procedimiento que garantice la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad”, (art. 166, inc. 7).
De los tres poderes políticos provinciales el único que implementó, seria e integralmente, el mandato constitucional, fue el Poder Judicial provincial. Desde 1996, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba reguló el ingreso a la Justicia mediante un Régimen de Concurso Público de Cargos, abierto a todos. El Proceso de Concursos de Cargos incluye pruebas de oposición (exámenes teóricos, prácticos, informáticos y dactilográficos), evaluación de antecedentes laborales, capacitación y estudios. A partir de los resultados obtenidos por los concursantes se confecciona un orden de mérito que permite la designación de los postulantes más idóneos para el desempeño del cargo.
Sin embargo, este ejemplo del Poder Judicial provincial no se ha dado en otras provincias, ni en el Poder Judicial federal y nacional.
Revertir el nepotismo
Por todo ello, es de particular trascendencia lo que ha expresado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso inaugurando las sesiones del Poder Legislativo Nacional de 2013. Refirió la importancia de democratizar al Poder Judicial y entre otras medidas a encarar, destacó la importancia que en dicho ámbito pueda ingresar “todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes que se establezcan, está en condiciones… porque ingresar al Poder Judicial no puede ser un privilegio. Debe ser un lugar al que puedan acceder todos los ciudadanos que reúnan las condiciones para poder hacerlo”.
Cuesta revertir el nepotismo instalado en los poderes judiciales y en las instituciones del Estado. Basta mencionar en ello que, en su momento, cuando fui juez federal titular del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, en 1985, organicé que los ingresos de personal al Tribunal fueran por concurso, en base a los principios de igualdad de oportunidades y selección por idoneidad. Para poder llevar adelante la propuesta tuve que apelar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la Cámara Federal de Córdoba, de ese momento, no me permitía instaurar dicho sistema y pretendía que las designaciones continuaran dependiendo sólo de la propuesta de los jueces a su antojo. Había que abrir las puertas del Poder Judicial, para que ingresen los mejores hijos e hijas del pueblo, que no siempre son las hijas e hijos, parientes y conocidos de los magistrados que efectúan las designaciones. La Corte revocó la decisión de la Cámara e hizo lugar a la propuesta de concursos formulada. Ello permitió que, durante mi gestión, se llamara varias veces a concursos abiertos a todos lo que tuvieran interés de ingresar a la Justicia, en el Juzgado Federal bajo mi responsabilidad. En función de dichos concursos, efectuados con estrictas garantías de objetividad, se pudo nombrar a empleados de altísimo nivel personal y técnico, que prestigiaron y prestigian la función que desempeñan. Lamentablemente el sistema de concursos para el ingreso no se generalizó, ni perduró.
Es importante entonces que, en este momento, se trabaje denodadamente para que el objetivo de permitir que, en igualdad de condiciones y desde la idoneidad, se tengan reales posibilidades de ingresar al Poder Judicial. En esto y en otros aspectos a desarrollar se irá ganando en calidad democrática y en Justicia con mayúscula. No se puede seguir aceptando, con resignación, la cultura del acomodo. De una vez por todas debemos llevar a la práctica el mandato constitucional de cubrir los empleos públicos con lo mejor de nuestro pueblo. Los cargos son patrimonio de la sociedad toda, no de un partido político, de algún sector de poder del tipo que fuere o de unas pocas familias. Sólo la clara conciencia de ello y el deseo de luchar para que se haga realidad, nos ayudará a crecer institucionalmente y a sentirnos bien, desde principios que enaltecen a todos.
* Abogado constitucionalista
