Esta conmemoración nos convoca, como mujeres radicales, a reforzar el sentido de nuestra lucha por la equidad, justicia y participación ciudadana.
Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Ese grupo de mujeres reclamaba por la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos. Durante esa huelga perecieron quemadas más de un centenar de mujeres en una fábrica de Sirtwoot Cotton, a raíz de un incendio que algunos historiadores sostienen que fue intencional, como respuesta a la huelga.
En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague (Dinamarca), a propuesta de Clara Zetkin, más de cien mujeres aprobaron por unanimidad declarar el 8 de marzo como “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. Este hecho se tradujo posteriormente en una fecha simbólica para recordar la lucha de las mujeres por sus derechos.
El primer Día Internacional de la Mujer tuvo lugar en Europa. En ese primer encuentro participaron más de un millón de mujeres, cuyas consignas hacían conocer al resto del mundo sus reivindicaciones: el derecho a voto, el derecho a la ocupación de cargos públicos, el derecho a la formación profesional, el derecho al trabajo y a la no discriminación por el mero hecho de ser mujer.
Hoy, y ante la vigencia del sentido y simbolismo expresado en los tres últimos reclamos señalados, con la misma convicción que nuestras antecesoras, las mujeres radicales continuamos reflexionando, trabajando y proponiendo alternativas que se traduzcan en transformación de las relaciones sociales, con el objetivo de construir una sociedad justa, equitativa y solidaria.
Visualizamos desafíos en la elaboración del proyecto político que protagonizamos, tales como: aportar al fortalecimiento de la democracia y sus instituciones. Todos sabemos las consecuencias que traen aparejadas el totalitarismo y/o fundamentalismo y que históricamente han implicado mayor control y obstáculos en el acceso a derechos, en particular para las mujeres.
En democracia, podemos hacer públicos los problemas, tomar la palabra, que ha sido y sigue siendo uno de los instrumentos, junto con la razón, primordiales de nuestras luchas. Con ella denunciamos las cosas que debíamos modificar, reclamamos y resistimos.
Decimos instituciones para garantizar la inclusión de una agenda de género, que se refleje en las políticas públicas, orientando sus programas a favorecer la organización familiar, promoviendo la democratización de la misma y generando cambios en los espacios de construcción de identidad (escuela, barrio, iglesias, etcétera) basados en una educación no sexista y eliminación de estereotipos de género vigentes.
Impulsar medidas de acción positiva, como los cupos o cuotas. Los datos de la realidad dan cuenta que hemos avanzado, pero no alcanzado la paridad. Recordemos que en la última elección en nuestra ciudad, debió mediar una resolución de la Junta Electoral Municipal para que los partidos dieran cumplimiento a la Ley Provincial 8.901 (vigente sólo en cuatro provincias argentinas). No se trata solo de acceso equitativo, sino de tener en claro la aptitud intelectual y militante para la definición de contenidos que se van a impulsar y tarea transformadora a ejecutar.
Ocupar espacios de decisión; generalmente nos reservan tareas culturalmente asignadas a las mujeres. Las estadísticas dan visibilidad al “techo de cristal”, laboralmente por igual tarea, ganamos menos que un varón. Son mayoría las mujeres que se encuentran precarizadas laboralmente.
Continuar desarrollando en la academia el abordaje desde una perspectiva de género.
Definir la violencia como una violación de los derechos humanos, esto no sólo modifica nuestros discursos y representaciones, sino también nuestras prácticas y, por lo tanto, la intervención.
Posicionarnos desde nuestros logros; unos de los más importantes, es la legislación sancionada. Pero una ley sin asignación presupuestaria impide su implementación y, por ende, el efectivo acceso a derechos, en el caso de la mujer argentina, constitucionalmente reconocidos.
Aquí uno de los retos más importantes de este tiempo que transitamos: aliarnos y articular acciones por las/os ciudadanos víctimas de violencia (mayoritariamente mujeres), por las que no pueden decidir cuándo y cuántos hijos tener, por las/os que tiene dificultades para acceder a la salud, educación, trabajo y una vida digna. Por la paz y una justicia independiente que vele por el cumplimiento de la Constitución Nacional.
