El ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, fueron condenados ayer por "contrabando agravado" de armas a Ecuador y Croacia, que se realizó entre los años 1991 y 1995. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que el ex presidente y actual senador por La Rioja fue coautor del delito de contrabando agravado en aquellas ventas de material bélico.
La condena alcanzó también a otros 10 procesados por los hechos, además de Menem y Camilión, mientras que el tribunal confirmó la absolución del ex asesor y cuñado del presidente, Emir Yoma.
Los camaristas Raúl Madueño, Juan Gemignani y Luis Cabral difirieron la imposición de la pena -que para contrabando agravado tiene una escala de 4 a 12 años de prisión- a lo que resuelva el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) donde serán devueltas las actuaciones judiciales.
Además de Menem y Camilión, fueron condenados por “contrabando agravado” el ex interventor en la Dirección General de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y su ex colaboradora en ese organismo, Teresa Irañeta de Canterino. También fueron condenados el comerciante de armamento Diego Palleros, Manuel Cornejo Torino, Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Haroldo Fusari, Carlos Alberto Núñez, Julio Jesús Sabra, Edberto González De la Vega y Carlos Jorge Franke.
La Sala I de la Cámara ratificó las absoluciones que el TOPE 3 había dictado en setiembre de 2011 a favor de Yoma, Mauricio Muzi y Enrique Julio de la Torre y el sobreseimiento, por prescripción, del ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik.
En el fallo, de 237 carillas, la Sala I de la Cámara destacó la suscripción por parte de Menem de los decretos 1.697 y 2.283/91 por los que se autorizó la venta de armas a Panamá y el 103/95 para el envío de armamento a Venezuela, “el embarque del material con destino falso” y “la percepción indebida de ingresos” por esas exportaciones.
“Los decretos fueron las piezas fundamentales del contrabando que se cometió”, subrayaron los magistrados Madueño, Gemignani y Cabral.
Los camaristas consideraron que Menem sabía que el destino Panamá era “ficticio”, porque como era un hecho “público y notorio” que entonces ese país “se encontraba sometido a una invasión de EE.UU., no podía ser destinatario de material bélico”.
En los decretos “se incluyó un material incompatible con el tipo de fuerza de ese país que lo recibiría”, ya que figuran “188 morteros, 3.450 minas terrestres no metálicas antipersonales, 2.300 minas terrestres no metálicas antitanque, 54.050 granadas de mano explosivas, 805 cohetes pampero y 200 misiles antitanque hiloguiados”.
La conexión villamariense
Una porción de todo el envío ilegal (unas 25 mil cargas de pólvora) salió de la Fábrica Militar de Villa María, pasó por Campana, rumbo al puerto de Buenos Aires para ser cargada al buque “Line” con destino a Croacia. A ello se sumaron 6.250 bultos y proyectiles que partieron de Río Tercero y Río Cuarto.
Las actas de fabricaciones decían que la pólvora había sido incinerada, pero la investigación que originalmente tuvo el juez federal de Bell Ville, Edgardo Filippi, mostró que había sido transportada en 107 camiones y 112 contenedores.
En ese tiempo el director de la Fábrica de Villa María era Enrique Pavón. Cornejo Torino, que figura entre los condenados, lo había sido a mediados de los 80.
Los magistrados manifestaron que también en el caso del Decreto 103/95 Menem “sabía que el destino Venezuela consignado en el mismo era falso y que el real sería Croacia, así como que también posteriormente supo que además se enviaría material bélico a Ecuador”.
La causa se inició en 1995 cuando el abogado Ricardo Monner Sans denunció que esos “falsos destinos” se utilizaron para simular las ventas a Ecuador en guerra con Perú por cuestiones limítrofes y a Croacia, donde pesaba un embargo internacional.
La decisión de Menem de vender armas a Ecuador rompió con la neutralidad a la que Argentina estaba obligada como país mediador y garante de la paz entre los países latinoamericanos en conflicto.
Además, tanto la venta de armas a Ecuador como la que se realizó a Croacia violaron las disposiciones de la ONU que llamaban a no vender armas a esos dos países en guerra.
La sentencia que la Cámara emitió ayer precisó que el destino final para aquellas ventas “no coincidía con el expresado en las autorizaciones”.
De acuerdo al fallo, en el caso de las armas que fueron a Croacia -bajo el destino falso de Venezuela- “se acreditó también que en la ex Yugoslavia se tuvo conocimiento de estas ventas de armas, lo que puso en peligro a las tropas argentinas allí destacadas en función de garantes de la paz por las Naciones Unidas”.
La defensa de Menem había ponderado la sentencia del TOPE 3 y sostenido que el delito de contrabando se perpetró incumpliendo los decretos, no por parte de quien los creó, sino por quienes se apartaron en la faz operativa.
En cambio, los camaristas señalaron que “existía una prohibición de exportación de material bélico a los destinos que en realidad estaban dirigidas las operaciones” y que “la realización de las exportaciones mediante la declaración de destinos falsos configuraron el delito” de contrabando.
