Dónde están precisamente ubicados los cinco mil árboles a regar y proteger de plagas (por la tarea se pretende cobrar 37.700 pesos mensuales) es la pregunta que se hacen desde hace varios días los vocales del Tribunal de Cuentas José Naselli y Gustavo Maristany.

Hasta el momento, según indicaron los tribunos de la oposición, la ubicación geográfica y otros elementos que permitan corroborar la posible existencia de los ejemplares en diversos sectores de la ciudad todavía no han sido proporcionados por la comuna.

Cabe recordar que el servicio fue solicitado a fines de 2012 por el secretario de Obras Públicas, Rodolfo Bergamasco, y el subsecretario de Obras Públicas, Carlos Ramírez. La idea de los autores del pedido fue que el servicio se efectúe durante enero, febrero y marzo y debido a ello se instrumentó un concurso de precios. 

El detalle fue que en el momento de impulsar el sistema de contratación no existía el listado que permitiera identificar los árboles a proteger. En consecuencia, el ganador de aquella pulseada de ofertas (la firma denominada Natalia del Carmen Solís) pretendió por labores de mantenimiento, mano de obra y materiales “...en distintos sectores de la ciudad...”.

“De tal manera que se concursó, adjudicó y se recibieron trabajos que, al tiempo de su facturación, no tenían localización de ningún tipo”, remarcan Naselli y Maristany en la Resolución Nº 68 concretada el pasado 6 de marzo.

“Pedidas las explicaciones, recién el 27 de febrero se nos entrega un listado de localizaciones genéricas, que obviamente, no existía cuando se llamó al concurso de precios”, acotaron los funcionarios.

“Para peor, algunas de las localizaciones -avenida Larrabure, Independencia, bulevar Los Granaderos, Barrancas del Río, Vista Verde, vereda del ex Camping Municipal- se superponen con las previstas en la Ordenanza 6.319, en especial las adjudicadas a la firma de José Arnaldo Fassi en el Sector 8”, advirtieron los referentes del radicalismo y del Partido Villamariense. 

En definitiva, los tribunos rechazaron el gasto (37.700 pesos) porque “la inexistencia de localizaciones, la imprecisión y ambigüedad de las mismas, la superposición de un mismo servicio por dos prestatarios distintos y la anarquía y el desorden metódico en la actividad de los funcionarios involucrados violan el principio de transparencia en las contrataciones”.

 

De Falco aprobó

 

Por su parte y ante el caso, el presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos De Falco, dijo no encontrar “un solo argumento de falta de legalidad o motivación suficiente (es tarea de este Tribunal verificar) que amerite la decisión denegatoria”. 

Respecto al concurso de precios, De Falco aseveró que esta acción “pasó por el mérito de este Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, me anticipo a señalar que la adjudicación tiene un palmario respaldo legal”.

Otro de los fundamentos que esgrimió el tribuno para aprobar el gasto fue que “los sectores a los que corresponde la contratación fueron individualizados por el subsecretario de Servicios Públicos Daniel Climaco, en respuesta a la providencia elevada por los doctores Naselli y Maristany, en uso de sus atribuciones, lo que viene a reiterar la legitimidad -insisto, no cuestionada- del concurso”.