La puesta en marcha de una prueba piloto por la que comienzan a implementarse los muchas veces anunciados botones antipánicos para las víctimas de violencia no trajo buenas repercusiones en Villa María. Las referentes de la concientización por el respeto a la mujer y la lucha contra la violencia hicieron advertencias. Por su lado, la jueza Cecilia Fernández prefirió no hablar hasta tanto lleguen a la ciudad, pero en su Juzgado hacen hincapié en la cantidad de causas en las que les toca actuar y los pocos recursos a tal fin.
Como se conoce, la Justicia comenzó a asignar los primeros 28 botones a las mujeres que atraviesen los casos de mayor gravedad en la capital provincial. Con esos dispositivos tecnológicos se puede solicitar ayuda a la Policía. Son micro teléfonos celulares que presentan un dispositivo de GPS para ubicar el lugar desde donde proviene el alerta y que registran la conversación que se produce desde el momento en que se dispara.
Este es un plan piloto que contempla hasta 300 botones. Quienes lo reciben tendrán asistencia psicológica, social y legal en la Dirección de Violencia Familiar de la ciudad de Córdoba, según lo informado oficialmente.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini, dijo días atrás que pretenden llegar a los 2.000 a lo largo de este año.
En esta ciudad, la jueza Cecilia Fernández está preocupada. En 2012, en varias notas con EL DIARIO, recalcó que los jueces del interior carecen de los organismos que prevé la ley a los fines de evaluar la gravedad de la denuncia. En ese año dio trámite a 2.028 denuncias en la sede judicial con asiento en Villa María, lo que implicó fijar 4.056 audiencias sobre las 2.441 exposiciones que ingresaron. La enorme cantidad conspira con el fijar audiencias en el término previsto por la norma, que es de 10 días.
La magistrada avisó en su oportunidad, además, que los Tribunales del interior provincial (tal su caso) “tenemos competencia en niñez, adolescencia, penal juvenil, fuero antinarcotráfico respecto de menores y violencia familiar y con la incorporación de la problemática de la violencia familiar se ha desvirtuado la especialización del entonces juez de Menores, quien está desbordado por la violencia familiar”.
“Se carece de equipos de constatación, lugares para el tratamiento de víctimas y victimarios y lugares para asistencia de victimarios con adicción al alcohol, la droga o patologías psiquiátricas”, reiteró en varias ocasiones.
Las organizaciones sociales lo ven como un paliativo demagógico
Para Guadalupe Vázquez, del gremio judicial y de Movimiento Evita, la implementación de estos dispositivos “no es una solución ni de cerca”. “Con 50 no se hace nada”, añadió y resaltó que la puesta en marcha se hace en la ciudad de Córdoba pero en Villa María “no se tomó, desde la Provincia, ninguna medida”.
“Es un paliativo demagógico de un ministro como (Daniel) Passerini, que personalmente me ha dicho que es médico y no abogado y que no entiende del tema”, declaró.
“Cincuenta botones cuando se ha desbordado la problemática es irrisorio. Es una medida demagógica. La prevención pasa por otro lado”, sostuvo.
En similar sentido se pronunció Carola Marchisio, de Las Juanas y La Colectiva.
Consideró que no tendrá grandes consecuencias ante la magnitud de la problemática y lo consideró un número muy escaso.
“La realidad es que no se están abordando los distintos aspectos de la problemática, que es mucho más amplia. Si fueran más (botones), probablemente acaparía los casos más graves. No llega siquiera a ser un anuncio para resolver el problema en un barrio de Córdoba”, ilustró.
“Hay una ley provincial que tiene que ver con prevenir y no se ven campañas publicitarias ni nada relacionado. No existe la prevención”, advirtió.
Marchisio concluyó que “no es una solución lo que se propone, como mucho puede ser un parche para un sólo barrio”.