-Primero, la iniciativa develó un estado de situación lamentable para el Estado. No se comprende por qué había una deuda ficticia, por qué no se sabía que nueve de cada 10 comercios que adeudaban ya no estaban y por qué no estaban dados de alta nada menos que más de dos mil loteos residenciales, justamente pertenecientes a los sectores de mayor poder adquisitivo.
-Once meses después de la puesta en marcha se devela que se usa la figura legal de la consultora particular de la coordinadora del Programa, la contadora Daniela Lucarelli, para disponer de pagos. Se explicó que la Universidad no podía legalmente disponer esos pagos y que por eso acudió a la consultora. La casa de altos estudios sabía eso de antemano y debió preverlo, al menos comunicándole a la población quiénes intervienen en el mismo.
Por otro lado, Lucarelli confirmó que convocó a consultores de su emprendimiento particular para intervenir en el equipo. Se debió haber oficializado tal circunstancia y se tendría que haber llamado a concurso para que todos los profesionales interesados pudiesen participar.
La modalidad empleada no fue transparente ni justa para el resto de los especialistas del medio.
-Lucarelli dijo que hay 31 personas en el grupo. No se conoce el listado. Tampoco se sabe cómo es la capacitación del personal municipal, aunque la contadora aseguró que cuando el Profam se vaya de la ciudad quedará la comuna en marcha y con un sistema en regla. “Nadie podrá desandar el camino andado”, prometió.
-No se brindan informes mensuales a los concejales como se había pedido. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ignacio Tagni, ha revelado en diversas ocasiones que no cuenta con la información suficiente mes a mes.
-No queda claro si corresponde que una universidad cobre un porcentaje como el que cobra por esta tarea. El Profam se queda con el 25% del aumento de la recaudación de un año al otro (hay que aclarar que se toma en cuenta el ajuste por los incrementos dispuestos por la Tarifaria, es decir que el año base está actualizado). El 10% de ese 25% es usado por la Fundación de la UNVM para sus otros proyectos; el resto es para el Profam, utilizando la figura de la consultora privada de la coordinadora.
-Gran parte de los vecinos se pregunta por qué una casa de altos estudios efectúa una tarea que debió hacer el Gobierno, que para eso resultó electo.
-La oposición resaltó en numerosas ocasiones que la vigencia del acuerdo con la Universidad se dio violando la Carta Orgánica Municipal, ya que no hubo doble lectura ni audiencia pública. El oficialismo jamás pudo argumentar los porqués. Recién la semana pasada la UNVM ensayó una tibia fundamentación, amparándose en otro punto de la Carta.
-Según el edil radical Javier Pérez, este proyecto sólo aumentó la capacidad contributiva en un 12%: aseveró que antes pagaba las tasas el 25% de la ciudadanía y ahora lo hace el 37%.