Si bien la sesión de ayer trataba puntos por los que no se esperaba debate, la ratificación del acuerdo celebrado con el Sindicato Unido de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), generó cruces entre la Unión Cívica Radical y Unión por Córdoba - Frente para la Victoria.
El convenio con el SUOEM dispuso un incremento salarial para trabajadores de planta permanente y contratados, a cobrar 8% con la liquidación de marzo, 7% acumulativo con la liquidación de julio, y 7,5% acumulativo en octubre.
Asimismo, se pactó el ingreso a planta permanente de 16 contratados, que se incorporarán durante el transcurso de este año y hasta agosto de 2014 inclusive.
A la hora de aprobar la iniciativa, la concejala de la UCR Nora Landart, aunque adelantó el acompañamiento de la bancada, cuestionó la existencia de tantos facturantes en la Municipalidad y reflexionó en relación a la legitimidad de la representación gremial de los trabajadores.
“No es por quienes conducen el sindicato de municipales, sino por la cantidad de trabajadores que están representados”, aclaró y agregó que hay trabajadores que hace muchos años que facturan y prestan servicio y sólo 16 se incorporarán a la planta permanente.
De hecho, Rubén Quevedo, secretario general del SUOEM, en diálogo con EL DIARIO aseguró que hay cerca de 400 personas que trabajan como contratadas y poco más de 300 en la planta permanente.
Una larga lucha
Mario García, concejal de UPC-FPV, dijo que se lucha para erradicar el trabajo en negro, pero que admitió que hay que mejorar mucho en ese aspecto.
Celebró la existencia de las paritarias que se concretan desde hace diez años para discutir medidas salariales, lo que no ocurría con anterioridad a este período.
Reconoció la existencia de facturantes y, aunque los diferenció del trabajo en negro en el que no hay ninguna posibilidad de reclamo, consideró que todos los sectores involucrados deben esforzarse más para que las condiciones de trabajo sean iguales.
“Me comprometo a seguir mejorando la situación”, afirmó.
Por su parte, Rafael Sachetto, edil de UPC-FPV, acusó que el Ejecutivo recibió una deuda de sueldos de dos o tres meses.
Aclaró que si no hay más empleados sindicalizados es porque ellos deciden no sindicalizarse.
También reconoció que hay facturantes en el municipio, que perciben un incremento cada vez que hay aumento para la planta permanente, por lo que estimó que no “hay falta de respuesta social”.
En tanto, la concejala de UPC-FPV Verónica Navarro dijo que no tenía ánimo de confrontar, pero que Landart debería conocer que la UCR muchas veces contribuyó al trabajo precarizado, no sólo en la Municipalidad de Villa María, sino también en los de Córdoba y Río Cuarto.
“Participé en el último Gobierno de Miguel Veglia en el Instituto Social de la Vivienda, y lamentablemente en los últimos seis meses no se pudo dar respuesta a muchas de las demandas sociales”, aseguró.
Defendió el proyecto político del intendente Eduardo Accastello y dijo que trabaja sistemáticamente desde hace años en políticas laborales, entre muchas otras.
“Celebro las políticas del Estado municipal y del Gobierno nacional que se vienen implementando a favor del trabajo formal”, concluyó.
El radical Carlos Gagliano le recordó a Navarro que los últimos meses del Gobierno de Veglia transcurrieron durante el mandato del ex presidente Carlos Menem, perteneciente a su partido político.
“Seguramente ha habido falencias y nos hacemos cargo, a diferencia de otros partidos. Es probable que en la época de la UCR haya comenzado la precarización laboral, pero después de diez años de crecimiento económico, con un Gobierno nacional y popular, ¿no es el momento de llevar la justicia social en serio?”, se preguntó, y añadió que en esta década se incrementó el trabajo precarizado.
Por último, propuso una encuesta anónima para comprobar la satisfacción laboral en el municipio.
Ante lo dicho por Gagliano, García defendió efusivamente al kirchnerismo, argumentando que se redujo la desocupación, el trabajo en negro, la pobreza y la indigencia.
Finalmente, el punto fue aprobado por unanimidad.