Por lo general, los que participamos de la función pública gestionamos entre la tensión que exige la realización de la obra pública en términos de necesidades infraestructurales básicas (agua, gas, cloacas, etcétera) y la que demanda el desarrollo espiritual y social de las personas (arte, trabajo, deporte, educación, colaboración en seguridad, etcétera) y todo ello con previsión de futuro. Es en esta tensión-previsión, en donde las decisiones políticas deben establecer prioridades, pero a su vez lograr el equilibrio necesario para atenderlas a todas: las básicas, pero también las espirituales y sociales, surgen las miradas diferentes sobre la realidad y sobre qué y cómo debe abordarse la misma.

El desafío de la democracia constituye en tal sentido lograr la legitimidad y el consenso de esas decisiones políticas. Legitimidad y consenso que refieren a los procedimientos administrativos y jurídicos, como así también a los procesos de subjetivación democrática o -esto último- dicho de otro modo, los procesos por los cuales se fomenta la participación ciudadana a partir de la propia decisión de los ciudadanos como forma de apropiación de los acontecimientos comunitarios.

A partir de allí, no sólo es necesario “proponer”, sino “convencer” sobre la oportunidad que una acción gubernamental reviste para la comunidad y ese convencimiento estará dado no sólo por los procesos jurídicos, sino también por la subjetividad participativa que le otorgará el fundamento a la acción propuesta.

Lo vemos en las distintas posturas que se expresan ante determinadas situaciones comunitarias o ante distintas propuestas del Gobierno municipal. Lo importante aquí es tener claro la doble vía de legitimidad-consenso para no caer en sinsentidos que afecten negativamente a la comunidad y la retraigan en términos de crecimiento y desarrollo de los aspectos infraestructurales o sociales-espirituales como ya advertimos.

Esto sucede no sin conflictos de intereses. Aunque no debe preocuparnos como negativo la diversidad de miradas y posicionamientos respecto de algún acontecimiento de la vida pública, por cuanto que la propia dinámica democrática requiere y exige la crítica que cribe las decisiones, aunque es necesario decir que estas críticas no debieran representar posiciones intransigentes que lleven a una retracción del desarrollo humano, social y de infraestructura.

Para terminar y unir lo primero con lo último, es importante que el representante político asuma un criterio responsable a la hora de fijar su posicionamiento, porque se corre el riesgo de perder el equilibrio deseado y conducir a la comunidad hacia el pasado, sin tener en cuenta el presente ni el futuro, entendiendo por “pasado” aquellas circunstancias que han sido superadas en cuanto a desarrollo humano, social y urbanístico.

Considero que Villa María, en los últimos años, no sólo ha crecido en el ejercicio procedimental de la democracia, sino que también lo ha hecho en el aspecto subjetivo del ejercicio ciudadano, es decir, la democracia puesta en acto por los vecinos y que éstos, en muchos casos, han madurado más que muchos dirigentes su modo de participación y construcción de comunidad.

 

Rafael Sachetto

Prof. de Filosofía

Concejal UPC - FPV