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Sosa, titular de la cartera de Trabajo en la ciudad, confirmó que los empleados de la firma Nosso suspendidos en enero deberán percibir el 64%, que con otros ítems alcanza el 82% de sus salarios |
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La firma Nosso Electropartes no cumplimentó los requisitos exigidos por la Delegación local de la Secretaría de Trabajo y Empleo que encabeza en la ciudad Alfredo Sosa para abrir el procedimiento preventivo de crisis y acordó con el gremio de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) abonar el 65% de los haberes a los más de 80 trabajadores suspendidos.
Sosa solicitó en la primera audiencia que la empresa amplíe la documentación antes de atender el pedido de procedimiento preventivo de crisis, argumentado en no poder producir en este contexto, y aferrándose a la posibilidad que da la ley para las empresas afectadas por la situación de disminución de ventas y sobre stock.
El arbitraje de la Delegación de Trabajo hizo que, tras el cuarto intermedio, "la empresa desistiera de su solicitud por no rendir las condiciones, se retrotrajo y se abrió la negociación para que junto al gremio que nuclea a más de 80 empleados de la importante firma villamariense, de un plantel de 114 aproximadamente, se acordara el 64% del salario, que con adicionales y aportes alcanzaría el 82%", explicó Sosa a EL DIARIO.
El gremio y la Delegación de Trabajo rechazaron luego el pago del 50% de los sueldos que ofreció la empresa. Sosa confió que desde la Secretaría de Córdoba, Omar Sereno apuntó alcanzar el 75% con el que acordaron con otras autopartistas. Finalmente se alcanzó un número "medio".
Suspensiones
Sosa indicó que la firma adelantó vacaciones en diciembre y desde el 5 de enero suspendió a este grupo de empleados hasta el 30 de enero. Esto se realizó anticipando vacaciones, lo que son suspensiones de hecho, porque aunque a un trabajador correspondieran 14 días, le otorgaron 35 (hasta el 5 de enero).
En este punto, el titular de la cartera de Trabajo sostuvo que la empresa debió solicitar abrir el procedimiento antes de resolver la medida.
Sosa remarcó sin embargo que "el procedimiento preventivo de crisis está reglamentado no sólo en la ley, pero es la excepción. Descubrimos que no es el primero sino que se repite en sucesivos años anteriores. Una vez realizada la apertura, si no hay resolución desde Córdoba, queda homologado, lo que favorece a las patronales".
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