Mi padre se llamaba Héctor Agustín Aiassa y se encontraba enfermo de cáncer de riñón con metástasis en la cabeza, el hígado y los pulmones, en estado terminal.
Estuvo internado en un geriátrico de la ciudad de San Francisco llamado “El Rosedal”, ubicado en Pueyrredón 161, desde fines de setiembre de 2010 hasta su muerte, el 30 de diciembre de ese año.
El 6 de octubre, en su lecho de muerte y estando en docilidad, producto de la morfina que le suministraban para paliar sus fuertes dolores, firmó una cesión de derechos hereditarios en la que vendió la vivienda de sus padres fallecidos, o sea mis abuelos, a una prima mía, llamada Carolina Pairetti, por la suma de 50.000 pesos. Es decir, por un precio seis o siete veces por debajo del valor real.
El que ejecutó la cesión fue el escribano Eduardo Venturuzzi.
El geriátrico mencionado tiene antecedentes de haber realizado allí ese tipo de maniobras o estafas con personas que, como mi padre, no tenían sus facultades en plenitud por estar disminuidos física y mentalmente.
En su lecho de enfermedad ejecutaron la vil operación y a los pocos días él falleció. En reiteradas oportunidades pedí explicaciones de por qué se había comprado la casa a un precio tan barato y que se nos devolviera lo poco que a mi padre le correspondía, pero quien había obtenido la casa siempre nos eludía con evasivas, así que recurrí a la Justicia para hacer mi justo reclamo.
Desde un comienzo pedí con mi abogado, el Dr. Gustavo Utrera Ramos, “que se realicen los oficios médicos” para comprobar la enfermedad de mi padre y su estadio de gravedad para, de esa manera, demostrar la “circunvención de incapaz” o “abuso de confianza”. Por otro lado pedí la tasación de la casa para saber el precio real y que se demostrara así el precio vil pagado.
La fiscal Leonor Failla, negándose rotundamente a esclarecer el hecho, respondió que “no es pertinente lo que se pide”. Luego de oponernos con mi abogado, un juez hizo lugar a nuestro pedido, pero ella volvió a negarse.
Después de dos resoluciones positivas por parte del magistrado para que se tasara la casa y se pidieran los oficios, la fiscal Failla apeló por segunda vez sobre un fallo firme, desobedeciendo y contradiciendo a la autoridad superior, el juez, y así me hizo perder dos años en este litigio, en el que el desgaste personal y jurídico, más la impunidad de cierta gente, hizo que me viera obligado a denunciar el hecho y otros de las mismas características registrados en el geriátrico, ante tres organismos, entre ellos la AFIP.
Para concluir, sólo espero que en Villa María los jueces ejerzan verdadera justicia en este litigio que ya se torna largo y absurdo.
Germán Aiassa
DNI 22.647.913
San Francisco
Nota de la Redacción: la fiscal Failla se apartó recientemente de ésta y todas las causas que maneja el abogado Utrera Ramos por “enemistad manifiesta”, debido a un pedido de jury y otras denuncias formuladas por el letrado en contra de la funcionaria. Así, el “caso Aiassa” pasó a manos del fiscal Bernardo Alberione.
