El la sesión ordinaria celebrada en la noche del jueves y en el marco de la Ley 8.102, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de James Craik recibió a los representantes del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), ya que la administración que encabeza el intendente Hugo Graieb delegó en este ámbito la negociación.
El recinto deliberativo abrió sus puertas para la asistencia, en representación del Ejecutivo municipal, del secretario de Hacienda, Rudy Vagiente; de Obras Públicas, José Alessio, y Ricardo Vigliano, a cargo del personal. Los trabajadores estuvieron representados por Sergio Carranza, delegado local e integrante de la Comisión Directiva de la Regional Villa María, su par Marcelo Becchero y el secretario del Interior, Raúl Villegas.
Desde el Concejo Deliberante se trató de acercar posiciones, negociación que terminó cuando los miembros del gabinete de Graieb expresaron no estar dispuestos a otorgar más del 25% de aumento, mientras la demanda del gremio, que había iniciado con un 35% escalonado en tres tramos (17% en febrero, 8% en marzo y 10% en julio), luego trató de "repartir diferencias" bajando sus pretensiones al 30% (incluso corriendo plazos y desdoblando la última cuota).
La medida
"La postura inflexible de los funcionarios frenó la negociación, cuando nosotros buscamos avanzar en un acuerdo", dijo Carranza. Frente a esto, el gremio de los empleados municipales anunció retención de actividades desde el próximo martes.
La medida consta de tres horas para la primera jornada, cuatro para la segunda (miércoles), cinco para la tercera (jueves) y así llegar al viernes a las seis horas, completando el paro de toda la jornada. De todas maneras, desde el gremio aspiran a que el Ejecutivo flexibilice su postura y emerja una contrapropuesta.
Ayer, la dirigencia del SUOEM emplazó al municipio advirtiendo sobre las medidas a tomar y notificó que vuelven a foja cero para reiniciar las negociaciones, por lo que el pedido vuelve a ser del 35%, en tres tramos (17% en febrero, 8% en marzo y 10% en julio).
Describieron que son 25 trabajadores en planta permanente, “más de 50 empleados contratados, lo que es una ilegalidad, y cuyos sueldos de bolsillo rondan en mayoría los 3 mil pesos, sufren presiones permanentes desde el Ejecutivo, de amenaza de su fuente laboral cuando reclaman mejores condiciones".
Entre las demandas, los gremialistas pidieron por "el personal jornalizado, que cobra un jornal de 100 pesos" y reclama "que se eleve a 150 pesos".