La Cámara de Apelaciones de Río Tercero le ordenó al fiscal de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, Gustavo Atienza, que continúe con la investigación por el crimen del joven Lautaro Piva a fin de determinar la responsabilidad penal de más personas, aparte del menor que está en un instituto de menores acusado del homicidio. Así lo confirmaron ayer diversas fuentes consultadas por EL DIARIO.
Lautaro Andrés falleció el 18 de diciembre de 2011 tras ser atacado ferozmente por una patota a la salida del boliche “Bugarú”, de Arroyo Algodón. Estaba a horas de cumplir 20 años. La patota estuvo conformada por seis adolescentes villamarienses, todos entre 15 y 19 años en aquel momento.
En un principio, Atienza barajó el hecho como “homicidio en riña”, pero luego ante la acumulación de pruebas lo modificó por “homicidio simple” y se acusó a un joven de 17 años. Como es menor de edad, intervino entonces la jueza de Niñez, Cecilia Fernández, y Atienza se apartó.
Sin embargo, la madre de la víctima, Susana Raquel Correa, sostuvo que hay más implicados en el asesinato de su hijo, quien falleció por el golpe que le propinó con un ladrillo el único detenido por el hecho, que ya es mayor de edad. Los mismos habían sido sobreseídos y la jueza de Control de Villa María ratificó esa determinación judicial, pero ante la oposición de la mamá el expediente fue a parar a la Cámara del Crimen de Río Tercero, que actuó como Tribunal de Apelaciones. Este tribunal rechazó el sobreseimiento y le pidió al fiscal Atienza que continúe con la investigación.
Ahora, la mira está puesta en los dos mayores de edad de esa patota. La familia de la víctima quiere que se los considere homicidas. De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, la Cámara de Apelaciones consideró que no corresponde tal calificación pero le demandó al fiscal instructor que la pesquisa se centre en conocer la responsabilidad penal en las lesiones causadas previo a la muerte del chico, por lo que de existir una resolución de Atienza sería la de la imputación por lesiones.
En diciembre pasado, Susana Correa dijo en una carta que envió a EL DIARIO que a su inmenso dolor le añade la injusticia de “pensar que cinco jóvenes inadaptados, violentos, asesinos, siguen sus vidas como si nada hubiese pasado”.
Ayer, la jueza Fernández le dijo a este diario que el menor imputado permanece en un instituto, a pesar de ya ser mayor de edad.