Se debaten actualmente, en el Congreso nacional, seis proyectos sobre distintas temáticas que afectan la actividad y el funcionamiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público, que son agrupadas dentro de un proyecto general denominado “democratización de la Justicia” y que se refieren a: regulación de medidas cautelares en las que el Estado es parte, modificaciones en la Ley de Consejo de la Magistratura, creación de cámaras de casación, publicidad de declaraciones juradas patrimoniales, garantizar el ingreso igualitario al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público y publicación obligatoria de todas la resoluciones de la Suprema Corte y de los Tribunales Federales de Segunda Instancia.
Todos los que tenemos algún grado de vinculación con la Justicia, por ejercicio profesional o simplemente porque nos toca transitar una instancia judicial, por una cuestión personal sabemos que la Justicia tal como se encuentra funcionando no puede continuar.
La lentitud en la tramitación de las causas parece olvidar que detrás de cada expediente se encuentran personas reales de carne y hueso que necesitan arribar a algún resultado en aquellos temas que se encuentran en discusión.
El colapso en el que se encuentran los servicios judiciales gratuitos ponen en evidencia que el acceso a la Justicia no es para todos igual. Quien tiene el dinero para contratar abogados particulares, tiene garantizado el ejercicio de sus derechos, quien no lo tiene, debe aguardar con paciencia oriental, acceder a un turno de atención gratuita. Y éstos son sólo algunos de los problemas que se enfrentan a diario en el sistema judicial.
Nadie puede considerar como inapropiados los proyectos que exigen la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales, así como el acceso libre vía Internet de las resoluciones de la Suprema Corte y de los Tribunales Federales de Segunda Instancia. Por su parte, el ingreso igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público significa terminar con el nepotismo vigente que sólo permite ingresar a aquellos que pertenecen a determinadas familias o tienen ciertas vinculaciones, sin evaluar sin son los más idóneos para ocupar esos cargos. Nada es más democrático que darle publicidad a los actos de uno de los poderes del Estado y permitir que todos los ciudadanos puedan aspirar a ingresar a ese poder teniendo como único requisito la idoneidad.
La regulación de las medidas cautelares contra el Estado tiene como objetivo reconocer al mismo como un ente que representa los intereses de todos los ciudadanos y que tiene como fin último el bien común, por lo tanto no puede ni debe ser sometido a las mismas reglas que los particulares, porque los intereses afectados son los intereses de miles de individuos.
La ampliación del número de miembros del Consejo de la Magistratura busca transformar en eficiente un órgano que actualmente no está funcionando y modificar su composición abriendo el espectro de participación a académicos de otras especialidades, ampliando la mirada sobre las cuestiones judiciales y desarticulando las acciones corporativas.
Por otra parte, la creación de nuevas cámaras de casación tiene un claro objetivo: permitir que la Corte Suprema se ocupe de los temas que le son propios: los temas constitucionales. Será responsabilidad del Poder Judicial que estas nuevas instancias no se conviertan en obstáculos donde los expedientes permanezcan dormidos durante meses o años.
El Poder Judicial debe cambiar y estas medidas deberían ser el comienzo de estos cambios. Los mensajes apocalípticos de algunos grupos que sienten estos cambios como amenazas a sus privilegios, largamente cultivados, desdibujan la realidad y desinforman a la gente común, transmitiendo inquietud y miedo.
De la misma forma que la Ley de Medios en su momento llevó a los grupos -cuyos intereses se verían afectados- a desarrollar los más falaces argumentos, ocultando información y recortando la realidad a la medida de su discurso, lo mismo ocurre ahora con esta reforma judicial.
Lo cierto es que el ciudadano común necesita una justicia rápida, eficiente, acorde a los tiempos que corren, a la que realmente todos tengan acceso, donde no existan ciudadanos de primera con dinero y ciudadanos de segunda que esperan que las migajas de sistema les permitan hacer efectivos sus derechos.
Agrupación de Abogados Peronistas
(Partido Justicialista)
