A través de un informe elaborado por los tribunos de Cuentas José Naselli y Gustavo Maristany, que fue entregado ayer a la Intendencia y otros órganos del Gobierno municipal, se denunció "la aparición de decretos paralelos, cuya creación, publicación y aplicación, constituyen un caso gravísimo y delicado producto de una irregularidad que (por lo menos en uno de los casos) va mucho más allá de una conducta improlija, negligente o simplemente chapucera".
El documento señala puntualmente la existencia de decretos que a la numeración que los identifica se le ha añadido la palabra "Bis".
"De esa manera (agregando el Bis) se escapa a todo orden cronológico, y lo que es peor, se hace imposible saber la fecha real del decreto en cuestión", señala el texto elaborado por Naselli y Maristany.
"Agrava todo esto que se trata de decretos que tienen contenido patrimonial, o sea, involucran el erario municipal. Para colmo de males, dichos decretos pueden ser atacados de nulidad absoluta e insanable", enfatiza la denuncia.
Uno de los casos detectados involucra al actual director del Centro de Participación Vecinal y Descentralización de Servicios del barrio Mariano Moreno: Néstor Jorge Barrera quien, siguiendo la lógica de los tribunos, habría sido designado "de forma ilegítima".

Caso testigo

"Nuestras dudas y presunciones se acrecientan respecto a un decreto firmado por el doctor Héctor Muñoz en su carácter de secretario de Gobierno y Coordinación General, el licenciado Daniel Rivera como secretario de Descentralización Territorial y Eduardo Accastello como intendente", manifestaron los autores del texto que señalan como viciado el documento número 767, fechado el 30 de abril de 2008, donde se designa a Barrera al frente del CPC.
"Lo extraordinario de este decreto 767 Bis es que aparece publicado en el Boletín 69 del 28 de julio de 2008, esto es tres meses posteriores a la presunta designación de Barrera", remarcan los tribunos.
"Lo que mueve más a duda, es que designado (aparentemente el 30 de abril, comienza sus funciones al día siguiente 1 de mayo (¡Día del Trabajador!), o sea sus emolumentos (cobra con la categoría de director más un 25% como adicional especial) corren a partir de ese mismo día", llama a la reflexión otro tramo del escrito presentado.
Pero hay más: "El 28 de mayo de 2008 se emite el Boletín 67 y a pesar de estar -aparentemente- dictado, un mes atrás, no se incluye el decreto 767 bis en la publicación referida (aunque suponemos que el Barrera habrá cobrado puntualmente sus haberes, lo cual implica otra gravísima irregularidad, ya que se está ejecutando un decreto no publicado)".
"Recién en el Boletín publicado el 28 de julio aparece en primer lugar el decreto del cual hemos hecho comentarios, el cual no lleva la firma del secretario (o secretaria) de Economía y Finanzas, a pesar del contenido altamente patrimonial", informaron los integrantes del Tribunal de Cuentas.
"En otras palabras, recién el 28 de julio nos enteramos que Barrera está cobrando desde el 1 de mayo anterior", agregan.

Más y más dudas

"Con la inclusión de la palabra Bis no podemos estar seguros de cuándo se dictó realmente el decreto. También es llamativo que se lo designe un día determinado para comenzar a cumplir funciones en la jornada siguiente, imprimiéndose al trámite una velocidad que no coincide con la generalidad de los tiempos administrativos habituales", continúa argumentando el informe de los tribunos de Cuentas.
"Todo ello puede llevar a la conclusión de que la designación de Barrera está viciada por un acto irregular y nulo, que el decreto que lo designa en realidad no tiene fecha cierta (este dato es parte esencial del documento) y por lo tanto está ejerciendo un cargo en forma ilegítima, como ilegítima es la percepción de haberes que se viene operando. Y esta irregularidad se mantiene en forma continuada desde el momento en que Barrera entró en las presuntas funciones que se le asignaron", redondea el manifiesto.

Esperando respuestas

"Creemos que el caso es suficientemente arduo, delicado y comprometido como para que el doctor Pilar Pedro Monesterolo (asesor jurídico del intendente) nos ilustre con su autorizado criterio", pidieron los funcionarios.
"Desearíamos saber si el distinguido legista convalida esta práctica de creación legislativa, y las implicancias que desde el punto de vista administrativo, civil y penal puede tener el quebrantamiento de la cronología en la expresión de voluntad del gobernante", añade el texto.
"Esperamos que con este informe no suceda lo mismo que con nuestro anterior sobre irregularidades en la Emtupse, que fue respondido por el Ejecutivo con el silencio más absoluto", concluye solicitando los tribunos a través del informe.