El secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Villa María, Jorge Montes, dio a conocer su opinión acerca del proyecto de reforma judicial que se está analizando en el Congreso de la Nación.
“Estuvimos hablando con compañeros y por eso me parece importante dar a conocer por qué apoyamos esta iniciativa. Por esa razón tomé un artículo que difunde una compañera de Córdoba, Mónica Moonay, y que hago mío por su claridad y contundencia”, dijo Montes.
En el artículo de referencia, Moonay señala algunos puntos, comenzando por señalar que la Justicia Federal no es sólo para ser definida por pocos abogados, sino por la gente.
También se explaya sobre la importancia que tiene para los trabajadores el nuevo sistema de acceso a Tribunales.
“Algunos, para oponerse a los proyectos de reforma judicial que impulsa el kirchnerismo, alegan que el ingreso por concurso público, la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y magistrados, la ampliación ciudadana de los integrantes de quienes eligen a nuestros jueces, la publicidad de las sentencias y otras leyes que afectan la vida diaria y cotidiana de los ciudadanos, deben ser materia exclusiva de los técnicos en derecho, reservando el debate para los “oscurantistas´ que quieren dejar la Justicia en manos de los latinazgos y de incisos de nula comprensión para los justiciables”, indicó.
“La supuesta jerarquización de la Justicia que defienden no es más que el menosprecio a la sabiduría popular”, agrega.
Si bien aclara que esta reforma “no es la panacea”, advierte que es un camino para “democratizar y otorgar legitimidad al Poder Judicial”.
Se pregunta en el texto: “¿Por qué si la Justicia Federal es una Justicia de excepción y restrictiva (es decir, sólo en los casos excepcionales que establece la ley tiene competencia), los proyectos que hoy se discuten en la Legislatura nacional como reforma al Poder Judicial deben involucrarnos a todos?”. Y responde que, entre otras razones, “la Corte es el máximo tribunal federal y nacional. Ello implica que es quien puede decidir, previo el cumplimiento de requisitos esenciales y formales, en última instancia todo proceso judicial y porque interviene cuando el Estado nacional, entidades autárquicas o empresas del Estado son parte”.
Mirada desde el trabajador
El análisis que realiza la dirigente de AGEPJ y al que adhiere Montes, da su perspectiva como trabajadora del Poder Judicial.
El contexto en que se difunde esta opinión es en medio de un paro de tres días dispuesto por el gremio que lidera Julio Piumato y que afecta a la Justicia Federal y al que no adhieren en la Justicia provincial.
Destacan que el acceso al trabajo en el Poder Judicial con esta reforma garantiza la “igualdad de condiciones y la transparencia, toda vez que establece el ingreso a través de la inscripción en la sede del domicilio y el concurso será por sorteo público entre los inscriptos”.
Asegura que para ingresar, hoy no hay un registro público. “Sólo existe la ‘recomendación’´, el ‘aval’´ y demás neologismos del ‘acomodo’”. Señala que en Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia se “ha negado a la formación de una bolsa de trabajo para el sector”.
Con la reforma “en el ámbito del Poder Judicial de la Nación y Federal, todos los ciudadanos mayores de edad y con los estudios primarios completos podrán una vez al año (marzo) inscribirse como aspirantes al sorteo público para el cargo de ordenanza u oficio, de acuerdo a las vacantes presupuestarias”, esto es, para la categoría de ordenanzas y personal no técnico.
Otro punto muy caro para los judiciales de Córdoba es el de la ausencia de paritarias. En el proyecto que analiza el Congreso, le otorgan al Consejo de la Magistratura la función administrativa para constituirse como patronal, permitiendo así la constitución de paritaria sin debatir si eso afecta la independencia de poderes.
Elección de jueces
Agrega el artículo que la primera y sustancial reforma es que ha “sometido (a los jueces) al mismo régimen electoral de la Ley 26.571, relegando al patrimonio exclusivo de los partidos políticos en la proposición de candidaturas”.
Asegura que esta iniciativa “causa escozor a muchos sectores” que “parece que han olvidado que vivimos en una democracia participativa y representativa.