El abogado corralense Víctor Luis Barbero, realizó ayer una presentación oral en la Cámara del Crimen de los Tribunales de Villa María para anular la resolución del juez de Control de Marcos Juárez, Manuel Trigos, quien dictó los sobreseimientos por la duda de la existencia de las bombas que se le adjudicaban al letrado y a un puñado de vecinos que participaron en la manifestación que terminó con el incendio del edificio de Tribunales.
Barbero fue uno de los 42 detenidos por la pueblada del 4 de diciembre de 2006, que se originó tras el sepelio de Ariana Sabache, la niña de 3 años ferozmente golpeada y abusada, y de la que participaron más de 1.500 corralenses en reclamo de una justicia más eficiente. Sin embargo, muchos de los imputados permanecieron más de un año presos, todos en la Unidad Penitenciaria de Villa María.
En diálogo con EL DIARIO, el abogado explicó que la apelación es para “cambiar el sobreseimiento por la duda, porque las bombas no existieron, y la única certeza que hay es esa, entonces un funcionario de la Justicia no nos puede dejar la duda a cuestas”.
La imputación en el caso del abogado y otros corralenses está basada en el artículo 189 del Código Penal de la Nación, “por tenencia y fabricación de bombas”, pero según Barbero sostiene que “el sobreseimiento está dado por no poder avanzar en las pruebas por parte de la Justicia que quieren llevar adelante. Incluso la acusación no dice nada sobre el incendio”. “Hay 218 declaraciones que no vieron bombas. Pero ellos (los funcionarios judiciales) encontraron a dos chicos que dijeron que vieron bidones con nafta y botellas (González y Martín), pero eso no apareció nunca, y otro (Gabriel Irusta) que fue preso por no avalar la versión de la Policía”, agregó.
Pero si no logra el cambio de la resolución de Trigos, Barbero ya solicitó ordenar una pericia química más una inspección ocular en el edificio incendiado, donde sólo existe un informe de Bomberos “que niega las bombas”. Además, el abogado hizo reserva de Casación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de recurso ante la Corte Suprema de la Nación y, por otra parte, de jurisdicción de la comisión Interamericana de Derechos Humanos, paso anterior a la Corte Intermericana de DD.HH.).
Finalmente, Barbero volvió a apuntar al fiscal de la causa, Carlos Viramonte (Marcos Juárez y al de Bell Ville, Oscar Aliaga, por la falta de pruebas a la hora de librar las 42 detenciones: “El caso Corral de Bustos fue la teoría del escarmiento”, concluyó.