La Comisión Directiva “Gestión, Encuentro y Participación”, de la Delegación A Villa María del Colegio de Psicólogos de la Provincia, consideró que “nadie puede ser sensato al decir que esto no se sabía”, al hacer referencia a la situación en que se encontraban los pacientes del hospital de Bell Ville y llamó a una “profunda reflexión crítico-ética sobre el lugar de responsabilidad que a cada uno de nosotros nos toca”.
Lo hizo a través de un contundente pronunciamiento desarrollado en conjunto por los profesionales. EL DIARIO le había solicitado a Pablo Arriaga, el presidente del Colegio local, una apreciación sobre los hechos que son de público conocimiento y que pusieron en tela de juicio al nosocomio bellvillense. El dirigente luego se reunió con sus pares y tras el encuentro emitió un comunicado a este matutino.
La Comisión Directiva aseveró que “no existen condiciones de posibilidad para la construcción de la subjetividad -principal indicador para la salud mental- si predominan procesos en los que se vulneran los derechos humanos. Y resulta paradójico cuando esas condiciones no se producen en los mismos ámbitos en los que el supuesto fin es el cuidado o rehabilitación de la salud mental”.
Luego, los profesionales reflejaron el panorama en esta temática, poniéndolo en tela de juicio: hablaron de “la gran cantidad de personas internadas por períodos terapéuticamente indeterminados, como principal expresión de falencias históricas y sistemáticas en las políticas públicas de salud”, de “la vulneración de los derechos en la consideración judicial del sufriente como objeto de tutela antes que como sujeto de derecho”, además de hacer referencia a “la fragilidad del marco ético en el que se desarrollan las prácticas asistenciales en la excesiva medicalización farmacológica como respuesta automática a los diversos cuadros nosográficos, ignorando los complejos procesos sociales, económicos, judiciales, vinculares y subjetivos intervinientes”.
El Colegio advirtió que la situación de la salud en la provincia y en el país constituye “un grave problema con consecuencias psíquicas en gran medida irreparables”.
“Cualquier supresión o inaccesibilidad de derechos impacta en la construcción de subjetividad, alterando ‘lo mental de la salud’, sea el que fuere su estado en ese momento, pero siendo de mayor gravedad en aquellas personas o grupos previamente vulnerados o desprotegidos comunitariamente o por el estado emergente de situaciones extremas de violación a derechos humanos fundamentales”, indicó el pronunciamiento.
La comisión señaló que “el encierro de los ‘locos’ es y ha sido la forma más profunda y organizada de violencia social que con el tiempo evolucionó hacia una manera institucionalizada por la sociedad y la ciencia psiquiátrica transformando su figura en los ‘hospitales’, en nombre de un trato ‘científico’ y ‘humanitario’”. Posteriormente se agregaron -recordaron- “las teorías de la ‘peligrosidad’ al estudio de los vulnerados, introduciendo a la enfermedad mental en un camino compartido con la delincuencia”. “Más tarde, a ese encierro físico y psíquico se le sumó el control psicofarmacológico. Así se completó el círculo perverso: los procesos sociales funcionan tanto como origen (o agravamiento) y como solución de la enfermedad mental”.
Los psicólogos subrayaron que pese a que se reconoce el rol de la sociedad en las razones del sufrimiento mental, “una de las grandes problemáticas es la naturalización de la violencia” y por eso “en algún momento deja de sensibilizarnos” y pasa a percibirse como “supuesta normalidad”. “Nuestra vida cotidiana está llena de situaciones donde creemos que es ‘normal’ algo que nos produce sufrimiento”, apuntaron.
Los profesionales interpretaron que se puede tener muchas leyes, personal y edificios, pero si no hay reflexión crítica y ética, “no ocurrirá el cambio necesario para que los hechos como los publicitados en el hospital neuropsiquiátrico de Bell Ville no vuelvan a suceder”, aclarando que “ése no es el único caso del sistema de salud pública”.
Sostuvieron que nadie puede ser sensato al decir desconocer el cuadro bellvillense, “menos el Gobierno provincial actual que hace 14 años que permanece como gestión, ni el Gobierno nacional que lo hace desde hace más de 10 años”.
“La lucha contra esta ausencia del Estado es de todos nosotros, así como es la lucha contra todas esas ideologías y prácticas que sustentan las ‘supuestas normalidades’ cotidianas que encubren serios procesos de violencia social”, manifestaron. Y concluyeron: “No basta con denunciar situaciones como éstas ni depositar toda la responsabilidad en la capacidad de nuestros gobernantes. Es también nuestro compromiso ético exigir y fomentar la reflexión continua sobre los procesos sociales que nos generan sufrimiento”.