Con la anuencia del Frente Cívico (aportó el octavo y decisivo voto aunque no acompaño en el recinto la propuesta) y a pesar de la negativa de la Democracia Cristiana, el oficialismo logró aprobar sobre tablas el proyecto que ratifica el contrato de locación de servicios con dos martilleros públicos, los cuales se encargarán de “la venta mediante subasta pública de los vehículos que se encuentran secuestrados como consecuencia de la realización de los distintos operativos de control de tránsito”.
La iniciativa impulsada desde el oficialismo, contempla un contrato exclusivo con los martilleros Víctor Cortez y Eugenio Olcese, quienes se deberán encargar del inventario, tasación, gestiones de autorización previa ante el Registro Nacional y la confección de la documentación para la posterior inscripción de las unidades hoy secuestradas por la Dirección de Tránsito.
Vale recordar que según fuentes oficiales varios cientos de vehículos se encuentran en el depósito municipal, las cuales de ahora en más podrán ser subastadas.
Los profesionales que serán asistidos por dos funcionarios municipales se quedarán con el 5% del monto total de venta en subasta.
En tanto, la comuna se hará cargo de los gastos que impliquen la publicación de edictos y publicidad de los remates a efectuarse.
“Para la Municipalidad, la realización de esta subasta no sólo implica una reducción de los gastos de depósito y seguridad, sino la posibilidad cierta de obtener un importante ingreso por el cobro de multas”, manifestaron las voces que fundamentaron la aprobación del marco legal.
Por su parte, en franca oposición, los ediles de la Democracia Cristiana hicieron conocer su disconformidad con la ordenanza aprobada.
“Esto es una barbaridad. Nosotros no nos oponemos a resolver una problemática de larga data pero la recaudación no puede recaer sobre el bolsillo de los ciudadanos”, expresó la concejala Rosa Cámpora.
“No se le puede quitar los bienes a las personas. Se deben encontrar otras vías de solución para resolver el control del tránsito y la entrada de ingresos al municipio”, agregó.
La edil de la DC también le apuntó al sistema que se utilizó para la contratación directa de los martilleros Cortez y Olcese.
“Creo que se debería haber consultado primero al Colegio de Martilleros para analizar otras propuestas y no dar directamente la potestad a los autores de este proyecto”, dijo. Aprobar las cosas de esta manera (sobre tablas) demuestra el vacío legal que tenemos”, concluyó.