El fiscal federal de Villa María, Facundo Trotta (foto), aparece entre los nombres citados por el senador nacional radical por Chubut y miembro del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, en la denuncia presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 7 de Comodoro Py contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la designación ilegal de fiscales.
Ayer el fiscal Guillermo Marijuán hizo lugar a la denuncia.
Cimadevilla sostuvo que Gils Carbó debió haberle pedido al Congreso la creación de los nuevos cargos que dispuso a través de “simples resoluciones administrativas”. Y dijo que encubrió esas designaciones bajo el rótulo de “subrogantes” cuando no había ningún cargo que subrogar, ya que se trataba de puestos nuevos. Ahora se la investigará por presunto abuso de autoridad y por proponer o nombrar a alguien en un cargo para el que no reúne los requisitos necesarios.
El senador remarcó que el sistema de designación de magistrados del Ministerio Público Fiscal requiere concurso de antecedentes y oposición, público y abierto; elaboración de la terna de candidatos y acuerdo senatorial.
En su denuncia, apuntó: “La procuradora general de la Nación ha violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal y ha procedido “manu militari” -por sí y ante sí- a la designación de sujetos que, sin concurso de antecedentes y oposición previos y sin acuerdo senatorial, nomina “magistrados” (fiscales generales adjuntos, fiscales federales, fiscales, fiscales auxiliares) con el aditamento -en algunos casos- de “subrogante”, atribuyéndoles, ilegalmente, las potestades, facultades y derechos que, respecto de los magistrados regularmente nombrados, consagra la Ley del Ministerio Público".
“Ha establecido, además, categorías no previstas por la ley (fiscales “ad hoc”). Con ello afecta los derechos e intereses de los designados regularmente y expone a la actuación del Ministerio Público Fiscal cumplida por aquéllos (y la desarrollada en consecuencia por el Poder Judicial de la Nación) a la tacha de nulidad en los términos de lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal de la Nación”, describió.
En su denuncia, refiere a la designación del fiscal villanovense Carlos Gonella, al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Y también cita designaciones en carácter de subrogantes, “en violación a la reglamentación” a distintos funcionarios, entre ellos Carlos Facundo Trotta (que precisamente subrogó a Gonella en el cargo que tenía en Córdoba capital), por Resolución MP No. 39/13 del 1º de febrero de 2013, quien no tiene acuerdo del Senado y no se ajusta al régimen regulatorio de las subrogancias.
El 23 de diciembre de 2011 EL DIARIO informó que el exsecretario de la Fiscalía General Nº 2 ante los Tribunales Orales de Córdoba, Carlos Facundo Trotta, había sido designado como fiscal subrogante del Juzgado Federal de Villa María.
Trotta, por entonces de 35 años de edad y nacido en esta localidad, ocupó así la vacante dejada por Julián Falcucci, quien el 30 de noviembre de ese año juró como nuevo integrante del Tribunal Oral Federal N° 1 de la capital provincial.
El nombramiento fue formalizado el 22 de diciembre de 2011 por el procurador general de la Nación, Esteban Righi.
El flamante funcionario del Juzgado Federal venía trabajando desde 2009 junto al fiscal cordobés Carlos Gonella, quien intervino en resonantes causas judiciales, como los procesos orales que se les siguieron a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros.
