Los argentinos pudimos presenciar, en estos últimos días, cómo se trasladó el debate y el intercambio de opiniones sobre un tema que para muchos parece lejano, desconocido, sin entender lo técnico, respecto a la modificación de la integración y funcionamiento de parte de la Justicia argentina.
No es un tema menor, por cuanto, el sistema republicano de gobierno asienta uno de los pilares básicos en el Pode Judicial, fruto de la división de poderes. Siendo éste no electivo, no político, sino que su accionar es conforme al sistema legal, fruto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, cuyos integrantes de éstos son elegidos por el voto popular.
Ahora bien, generar cambios que pongan en peligro las bases fundamentales del funcionamiento del Estado es ir en contra de la Constitución Nacional y esto es atentar, en corto o largo plazo, contra el sistema de vida y gobierno democrático.
Más allá de la seria y real anécdota de que fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que se manifestó en estos términos, al tratarse el tema hace unos años cuando integraba el Congreso Nacional, lo real es que los argentinos vamos a ver disminuidos nuestros derechos y limitadas las garantías constitucionales en forma individual y/o colectiva, como así también el condicionamiento político y partidario, de los que integran el Consejo de la Magistratura como resultado electoral.
¿Hasta dónde llegarán los reclamos de los jubilados? ¿Qué empleado público podrá actuar contra el Estado nacional? ¿Cómo podrán las instituciones, empresas, particulares, lograr que la Justicia falle a su favor cuando el Estado no cumple con sus obligaciones? ¿Qué fiscal o juez actuará sin condicionamientos si tuviese que investigar a un funcionario del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo ante alguna sospecha o denuncia por algún ilícito ocurrido?
Esto va más allá de este Gobierno, ya que los hombres y mujeres pasan, pero las leyes y las instituciones quedan.
Este Gobierno nacional, lejos de generar la participación, la transparencia, la facilidad para investigar actos de supuesta corrupción, pone condicionamientos y trabaja para lograrlo.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo el tupé de homenajear en vida a Raúl Alfonsín, quien más allá de los errores cometidos en su Gobierno, respetó la Constitución Nacional a rajatabla, la que como un rezo laico las pregonó de punta a punta del país.
Seguramente que esta iniciativa del Gobierno nacional será bien utilizada para cubrirse de todo tipo de sospecha o acto de corrupción, como (tal vez) funcionarios de la talla de Ricardo Jaime, o los amigos del poder que tienen el consentimiento de las autoridades. Tal vez Felisa Michelle también está expectante de esto o aquellos que se sienten orgullosos de escuchar el lema “roban, pero hacen”.
Ojalá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe con adultez, maduración y responsabilidad para declarar esta ley como inconstitucional.
En tiempos de Amadeo Sabattini o de Arturo Illia esto no ocurría, se respetaban las leyes estrictamente, de ellos deberían aprender el Gobierno nacional y todos los que celosamente lo apoyan.
Claudio Beletti,
presidente comité departamental de la UCR