La jueza de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María, Cecilia Fernández, confirmó ayer a EL DIARIO que el adolescente B. C. está bajo el régimen de “libertad asistida”, en el marco del caso judicial abierto por el crimen de Roxana Heredia.
De esta manera, el chico concurre a clases y reside junto a sus padres algunos días de la semana, siempre cumpliendo diversas pautas establecidas por el Poder Judicial.
Roxana Alejandra Heredia mantuvo una discusión con B. C. en la noche del martes 26 de abril de 2011, en la vereda de la vivienda que habitaba, en calle Nicolás Sarno al 243 de barrio San Nicolás de esta ciudad.
La pelea concluyó de manera trágica. Roxana, de 21 años, fue letalmente herida en la zona abdominal con un arma blanca que le provocó la muerte pocas horas después.
El 5 de mayo de ese año, B. prestó declaración informativa ante el fiscal de Instrucción Gustavo Atienza, con la autorización de su madre, y dijo que lo ocurrido se dio en momentos de defender a su padre de la presunta agresión de la víctima, a la vez que señaló que fue Roxana quien inició la reyerta, algo que desmiente Rubén, hermano de ella.
Con el consentimiento de su progenitora -quien podía oponerse a la declaración-, B. contó además que el cuchillo (de unos 20 centímetros de largo en total) pertenecía a la malograda joven.
Ahora, se confirmó ante la consulta de este diario, que el sindicado como autor del homicidio accedió a la libertad asistida.
Cecilia Fernández explicó que este régimen es común en los casos que involucran a menores inimputables, ya que, como se conoce, B. tenía 15 años al momento del trágico suceso.
No obstante, también se persigue una situación similar en el caso de los menores imputables, siempre “atendiendo a las condiciones de evolución”, de acuerdo a lo que indicó la magistrada.
La jueza precisó, ante la pregunta de este medio, que “como mínimo” debe evaluar las condiciones de progreso del chico durante un año.
En este caso en particular, especificó que el joven asiste a la escuela, para continuar el cursado de sus estudios (naturalmente evitamos identificar el establecimiento) y pernocta junto a sus padres en su casa de Villa María. Sólo lo hace de lunes a viernes, ya que durante los fines de semana debe retornar al instituto correccional en el que pasó los primeros tiempos tras el crimen, ubicado en la capital cordobesa, ya que no hay establecimientos de este tipo en esta localidad.
“Esto es lo que corresponde de acuerdo a su progreso, al análisis que hemos realizado y a las características del hecho, que obedeció a una pelea de vecinos en un barrio”, puntualizó Fernández.
El caso Lautaro Piva
Por otro lado, no accedió hasta el momento al mismo régimen quien fue detenido por el crimen del joven de 19 años Lautaro Piva, suscitado a la salida de un boliche de Arroyo Algodón en diciembre de 2011.
Por ese suceso permanece en un instituto el acusado de haberle asestado el golpe mortal -con un ladrillo- un chico que tenía 17 años en ese entonces, pero que estaba a punto de cumplir 18 (hoy ya es mayor de edad).
La jueza develó que se le permitió pasar las fiestas de Fin de Año con su familia, pero que luego retornó al instituto.
La jueza resaltó que el norte de la ley es corregir la conducta de los adolescentes que cometen crímenes
Al referírsele la controversia que genera en algunos sectores de la sociedad el hecho que los menores que cometen asesinatos queden en libertad, como en el caso de B. C. que accede a la libertad asistida, la jueza Cecilia Fernández hizo algunas consideraciones en su diálogo de ayer a la mañana con EL DIARIO.
“Es ése y no otro el espíritu de la ley: el no ser punitivo. Es el norte del derecho de menores”, recalcó la magistrada, quien está a cargo del Juzgado de Menores (hoy con un nombre y competencia diferentes) desde hace 19 años.
“El norte es ser correctivo. Y si bien tiene sanciones, se pretende esencialmente modificar la conducta del menor que cometió delitos”, abundó.
“El fin es recuperarlo, es decir que pueda regresar a la sociedad de manera acorde”, precisó.
También, declaró que “se puede o no comprender la gravedad de los hechos, pero el Estado siempre tiene la obligación de procurar los medios para reinsertarlo”.
Un caso que involucró a la familia
En junio de 2011 la jueza de Control de los Tribunales de Villa María, Edith Lezama de Pereyra, sobreseyó parcialmente a los hermanos Claudio Daniel (apodado “Negro Ton”) y Luis Alberto (“Tete”) por la muerte de Roxana Heredia.
Ambos son familiares del menor B. C., que ahora accedió a la libertad asistida y se habían presentado en la Justicia (mientras lo buscaba la Policía) tras sucedido el hecho, quedando detenidos en ese momento.
Pese a la determinación del Juzado de Control, fueron a juicio por el delito de “amenazas calificadas”, proferidas en el mismo hecho contra la víctima y su hermano, previo al doloroso final. Uno de ellos (“Tete”) ya tuvo una pena de dos años unificada.
Previamente, el fiscal Gustavo Atienza pidió el desprocesamiento por el caso calificado como “homicidio en riña” por entender que no había elementos de prueba como para juzgarlos por ese ilícito.
En nuestra edición del 10 de julio de 2011, el hermano de la víctima, Rubén, transmitió el dolor que causó la muerte de Roxana (“destruyó a la familia”) y dijo que por las amenazas que recibían debían “dormir con un ojo abierto”.
