El Plenario de Delegados del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) resolvió decretar el estado de alerta “como consecuencia de reiterados incumplimientos de compromisos asumidos por el Gobierno provincial”, indicaron desde el gremio.
Aseguran que adeudan horas trabajadas, especialmente en el ámbito de la salud pública. “Esas horas son consecuencia de sobrecargas de jornada impuestas a los trabajadores por falta de personal suficiente y debieron pagarse hace dos años”, aseguraron.
Recordaron que como parte del último acuerdo salarial, se acordó que las horas se pagarían en tres cuotas, con los sueldos de marzo, mayo y julio.
“La cuota correspondiente a marzo no se pagó y se ignora si la Provincia pagará esta deuda y cuándo”, indicaron en un comunicado.
El otro punto de conflicto es la falta de respuesta a los recursos presentados por los trabajadores que les dieron de baja en sus contratos.
El tercer aspecto mencionado es la “persistencia” del Gobierno en mantener personal precarizado.
“Hay algunos que prestan servicios y figuran como beneficiarios de planes, como el caso de los auxiliares escolares o del Paicor”.
Finalmente, desde el sindicato que conduce en el orden provincial José Pihén y que tiene como delegada en Villa María a Griselda Cavallo, indicaron que el otro reclamo al Gobierno de José Manuel de la Sota se funda en la demora de pasar a planta permanente el personal contratado.
Frente a ese escenario “el Plenario resolvió mantener el estado de alerta por 10 días, al cabo de los cuales evaluará el estado de las respuestas y decidirá en consecuencia, sin descartar la realización de medidas de fuerza si no hay respuestas satisfactorias”.