Respaldo
Ante los acontecimientos públicos que buscan deslegitimar la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), la organización Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACCT), el Observatorio de la Justicia Argentina y la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción respaldamos firmemente la creación de esta procuraduría que tiene por objetivo perseguir eficazmente y condenar el comportamiento ilegal de los grupos económicos, que causan enormes daños sociales al país y las instituciones de la República.
Para las organizaciones firmantes, Procelac representa un avance indudable frente al pésimo desempeño que han tenido los fiscales durante los últimos años en la persecución de la delincuencia económica y la corrupción, quienes no han podido lograr la condena de ningún caso significativo en esta materia, pero sí han favorecido la prescripción de los casos de corrupción más escandalosos, como muestran las noticias respecto del reciente fallo en el caso María Julia Alsogaray.
Estos ataques también buscan debilitar a Procelac frente a su intervención en las investigaciones más importantes por operaciones de lavado de dinero, materia en la que la extinta Ufiladvin no logró obtener ningún resultado decoroso.
Las organizaciones que trabajamos estos temas reclamamos desde hace años la existencia de fiscales capacitados y dotados de las herramientas más eficaces para enfrentar estas manifestaciones de criminalidad compleja.
La creación de Procelac fue diseñada para cumplir con estos fines y es por ello que la reacción de ciertos grupos económicos, de algunos fiscales y de políticos ligados a la impunidad buscan impedir su pleno desarrollo. Lo que persiguen estos sectores es garantizar los privilegios de grupos económicos que hacen negocios al margen de la ley y con costos enormes para el Estado y el conjunto de la sociedad.
Prensa del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica
