El calvario por el que atraviesan las instituciones educativas del sector privado de Villa María y la provincia, durante estos últimos meses, parece no tener fin.

A los millonarios reclamos esgrimidos por supuestas deudas, esgrimidos desde la Caja Complementaria Por la Acción Docente (CCPAD) se le suma ahora el recorte del aporte estatal a los colegios privados en el que estaría incurriendo el Gobierno provincial, desde hace un prolongado tiempo.

Según pudo conocer este medio, las entidades educacionales privadas Instituto del Rosario, Instituto Manuel Belgrano, Instituto “La Santísima Trinidad”, Instituto San Antonio y los dependientes de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, hasta el momento no han recibido ninguno de los fondos económicos que sustentan la implementación operativa del cambio de plan de estudios, instrumentado a partir de 2012 en escuelas de la provincia.

En el caso de las instituciones con especialidades técnicas el retraso es más significativo ya que los cambios de planes se impulsaron a partir de 2009.

Por el lado del Nivel Superior, se debe destacar que los institutos de formación docente realizaron los cambios prescriptos por el Ministerio de Educación de la provincia, no obstante se encuentra pendiente de pago el correspondiente a la puesta en marcha del cuarto año desarrollado en el ciclo lectivo 2012.

Fuentes consultadas por este matutino aseguraron que la deuda que mantiene el Estado con los institutos privados asciende a los 50 millones de pesos. Buena parte de ese monto le corresponden a colegios villamarienses y de la región.

La demora en la resolución de los expedientes que afecta el cobro de haberes de una importante cantidad de trabajadores educativos, motivó la reacción de las instituciones que debieron hacer frente en soledad el costo económico de la transformación ideada en estamentos estatales provinciales.

Además de insistir en que desde la provincia deberían procurar solucionar de inmediato la problemática, los referentes del ámbito privado que los hechos se erigen como de una precariedad laboral extrema (no se computan los aportes previsionales y se modifica la situación de revista de los agentes), lo que repercute profundamente en las relaciones entre docentes y sus instituciones de pertenencia.

“Nosotros entendemos que esto es un recorte más que encubierto. Nos quieren pagar con promesas. El Gobierno nos transfiere sus responsabilidades y eso de ninguna manera puede ser”, son algunas de las reflexiones que cada vez con más frecuencia expresan los encargados de conducir los destinos de los centros educativos.

Días atrás, muchas fueron las consultas que se hicieron sobre este particular al titular de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE), Hugo Zanet, que llegó a Villa María para reunirse (en diversos encuentros) con directivos de escuelas de Nivel Inicial, primarias, secundarias.

Ante Zanet, los titulares de colegios locales y de una buena porción de la región, no ocultaron su malestar por una situación que está en franca ebullición y que necesita sin dudas vías de solución en el corto plazo.

De frente a los reclamos, el funcionario prefirió  la cautela y no emitió comentarios sobre estrategias oficiales al respecto al delicado tema. 

Sin embargo, el principal referente de la DIPE se comprometió en canalizar las demandas ante quien corresponda.

Mientras el clamor de los privados va ganado en sonoridad, se espera que en los próximos días el Gobierno liderado por José Manuel de la Sota, envíe alguna señal a las instituciones que están absorbiendo una carga económica extra que las agobia, presiona y es promesa cierta de crisis.