Señor director:

“Como asiduo lector del matutino, estudiante de Ciencias Sociales y responsable de la Hemeroteca que es nutrida con ejemplares que ustedes envían sin cargo, me permito opinar e instalar el debate de situaciones que he seguido con atención por su cantidad y calidad de sucesos denunciados ante los abusos de autoridad por integrantes de instituciones estatales (Policía, control de tránsito, Seguridad Ciudadana, Servicio Penitenciario) que semanalmente se publica por este medio.
Además, por el silencio de radio del Poder Judicial (jueces de Control, fiscalías) ante el reclamo y movilización (concentración y marchas de VACAP) de gran parte de la ciudadanía, pidiendo, suplicando, control a lo que ellos consideran un ‘descontrol’, para que se ponga coto, un ‘¡basta ya!’ a los abusos de los integrantes de instituciones estatales que, paradójicamente están para prevenir y no permitir abusos que lesionen los derechos en los ciudadanos, es decir, resguardar los derechos humanos.
¿Qué está sucediendo para que esta subversión de conceptos todavía esté enquistada en instituciones estatales cuando hace pocos días hemos celebrado veinticinco años de democracia?
Sito algunos titulares de 2008 cronicados por este medio:
• 4 y 5 de setiembre: “Denuncias por abuso policial”.
• 11 de noviembre: “El comisario no cumplió con la promesa”.
• 13 de noviembre: “ Abusos policiales: asamblea frente al Concejo Deliberante - Apatía del oficialismo ante los reclamos de la VACAP”.
• 29 de noviembre: “Paren la mano: brutal golpiza a un joven en otro caso de abuso policial”.
• 3 de diciembre: “Carta abierta: un guardiacárcel, entre un conglomerado de denuncias, también reconoce axiomáticamente (ver-leer cuarto párrafo) que sus pares se manejan fuera de la norma”.
• 26 de diciembre: “A integrante de Seguridad Ciudadana: denuncian públicamente por maltrato y abuso de autoridad a un menor de tres años”.
• 27 de diciembre: “Subalcaide Mario Bustos niega rotundamente que el interno Carlos Salguero y otros hayan sido ferozmente golpeados y/o desatendidos médicamente”.
• 28 de diciembre: “Dos cartas de diferentes familiares ratifican represión y denuncian: a) lo que el funcionario Mario Bustos (jefe de seguridad) negó ante este medio público y, b) otra denuncia hacia los responsables directos del Servicio Médico, Alaniz y Cortez, por deliberada desatención a personas”.
• 28 de diciembre: la represión estatal villamariense es noticia en la ciudad de Córdoba: “¿Policía brava en Villa María?” y “Mucha gente la está pasando mal (fuente, La Voz del Interior, sección Judiciales, página A20).
Así las noticias, surge una incipiente pregunta: ¿los fiscales y/o autoridades judiciales no leen los diarios? Conceptualmente, las instituciones del Estado aludidas e involucradas en las denuncias citadas parecerían sentir y practicar modalidades despreciativas hacia los derechos de los ciudadanos.
Hace un año (domingo 28 de diciembre de 2007) leíamos con agrado que un fiscal de Cámara reflexionaba sobre los derechos humanos e indicaba que en las celdas donde se alojaban a detenidos eran...”...dignas de demolición... e inhumanas”.
Sin embargo, no realizó la denuncia judicial, sino seis días después, hasta que apareció un pedido expreso (por este diario) en referencia a sus declaraciones.
Otra crónica (del sábado 6 de setiembre de 2008) dice que el fiscal Francisco Márquez asiste a un acto político en la Cárcel local y lo evidencia la foto. Se lo ve sonriente ante el discurso del ministro de Justicia de la provincia, donde se resalta la obligación del Estado de asegurar que las cárceles sean “sanas y limpias”.
Si esta frivolización mediática no dañara tanto, nos causaría simpatía. Son situaciones y discursos que me eximen de mayores comentarios, por respeto a las víctimas y familiares de la represión penitenciaria.
¿Es estructural el abuso de autoridad estatal en las instituciones públicas de la ciudad? ¿Quiénes son los integrantes de instituciones con injerencia en el manejo de la cosa pública? ¿Cuál es el criterio seleccionador para cubrir un puesto en instituciones de seguridad?
Suscribiendo las expresiones de esa madre (carta publicada el viernes 26 de diciembre pasado en página 2), que se sintió agredida por el trato vejatorio que una integrante de “Seguridad Ciudadana” daba a su niño de sólo tres años de edad, digo: ¿es mucho pedir que formen a la gente que sacan a la calle, ya sean policías, de Seguridad Ciudadana o de Tránsito? ¿Son idóneos para ocupar esos puestos?
En el caso de los integrantes del Servicio Penitenciario ¿puede formar parte de la institución un guardia que se expresa en los términos encontrados con los que escribe esa carta (publicada el 3 de diciembre, en página 55). Parecería más bien un personaje salido de un tira de Polka-Producciones, un Poliladron villamariense.
Sumado a la grave denuncia publicada el sábado 27 y domingo 28 pasado de lo que sucede en la Cárcel, más las peligrosas negaciones y actuaciones de las autoridades penitenciarias, respecto de los hechos que supondrían la comisión de delitos que estarían encubriendo, pregunto ¿quiénes integran la institución y cuál es la formación conceptual desde la cúspide a las bases?
Retomo y hago mío los dichos de esa madre y ciudadana villamariense: no se pretende que ni los municipales, policías y guardiacárceles sean egresados de universidades. Sin embargo, sí deberían cumplir con la condición mínima constitucional que hay que tener para ser admisibles en un empleo: idoneidad (artículo 16 de la Constitución Nacional).
No se puede ni debe tener desequilibrados emocionales integrando las instituciones públicas (menos de seguridad), como tampoco encubridores de hechos que supondrían las comisiones de delitos, esto último, en desempeño estatal.
Hay un aspecto truculento y peligroso en todo esto de no respetar el estado de derecho y dejar de lado las normas legales en nombre de la defensa de ese estado de derecho.
No se debe recurrir a métodos y modalidades antijurídicos para hacer observar las normas, porque se atacan las bases mismas del estado de derecho.
Y el Poder Judicial, en estos casos, quien debe trazar las fronteras, poner límites a los abusos de autoridad y de poder cuando llegan a su conocimiento o son revelados.
En ambos espacios físicos, en la vida libre y dentro de las prisiones, los fiscales y los jueces no pueden ignorar la realidad que se viene denunciando. No son hechos episódicos, sino, por el contrario, la consecutividad de imputaciones públicas lo que obligó a el diario de mayor tirada de Córdoba a ocuparse de los abusos de autoridad.
El fin de hacer observar las normas no puede llevarse a cabo justificando cualquier medio. Y el Poder Judicial villamariense no puede omitir su intervención, consentir, ni mirar para otro lado, cuando se denuncian a diario modalidades antijurídicas ejercidas por instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.
No debe existir la anomia en instituciones del Estado. Las instituciones de éste son quienes deben dar ejemplo práctico y diario de observancia a la ley, depurando de raíz a los integrantes que no comulgue con ese concepto de apego irrestricto a la norma legalmente establecida que implica el respeto a los derechos humanos.
Quienes no puedan y/o no quieran incorporar como modo de vida el respeto a las normas deben ser exonerados de instituciones estatales.
Hay basura que se esconde bajo la alfombra de las instituciones estatales que se llama “impunidad”.
Esta no encuentra reproche penal, no figura en el Código Penal, porque es un quiste cultural que históricamente fue defendido por estratos sociales de poder, sociedades conservadoras y aburguesadas que prefieren ignorarlo.
Llama la atención, y es lamentable, que las organizaciones de derechos humanos, no alcen la voz contra las arbitrariedades del poder estatal. Ello hace que todos los abusos de autoridad se minimicen, parezcan menos malos y terminan envaneciendo verdaderas violaciones a los derechos de las personas.
Para terminar, me quedan algunas preguntas: después de leer las graves denuncias publicadas en la edición dominical de este diario, ¿algún miembro del Poder Judicial habrá dado aviso a un fiscal de turno para que se apersone in situ en la prisión villamariense a fin de comprobar el estado del penado salvajemente golpeado?
¿Las máximas autoridades de esa cárcel, habrán realizado la denuncia de oficio? ¿La/s autoridad/es penitenciaria/s que negó, mintió, ocultó y/o encubrió los hechos denunciados, sigue aún en función?
¿El fiscal Francisco Márquez, regresará de visita a la cárcel (esto no es un acto político, claro está) ante las denuncias salidas a la luz por el diario local? (aclaro que no me une amistad ni enemistad con el doctor Francisco Márquez, ni tengo el gusto de conocerlo personalmente).
Sólo los hechos por venir podrán contestarlas.
Bien le harían al nuevo año nacer sustentado en respuestas concretas, realizadas por quienes tienen el deber funcional y cívico de darlas.
Me queda una última pregunta: ¿por qué le costará tanto a los responsables institucionales dar respuestas lógicas, honestas y ser coherentes entre sus discursos y los hechos?”.

José Luis Auce
DNI 16742693
Estudiante de las licenciaturas de Ciencias Políticas e Historia