Repudian detenciones
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación y repudio ante las detenciones arbitrarias producidas en la provincia de Córdoba. La legislación provincial que pena el “merodeo”, la participación en grupos públicos que ofendan bienes o personas, la omisión o la negación a identificarse y ser parte de reuniones públicas o privadas, se encuentra en flagrante contradicción con los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos que nuestro país ha adherido.
Organizaciones de la sociedad civil y legisladores han denunciado la detención de más de 53 mil personas durante 2010 y 75 mil personas durante el año 2011, lo que significa más de 200 detenciones diarias en toda la provincia.
Las detenciones arbitrarias tienen como clara víctima a la juventud, generando desde el Estado un estereotipo que estigmatiza a los sectores más vulnerables priorizando la protección de la propiedad privada.
El sector etario entre los 16 y 24 años de edad son los que principalmente son detenidos por la Policía provincial, dejando que miles de jóvenes tengan serias dificultades para obtener un trabajo registrado, ya que las detenciones generan automáticamente antecedentes que conllevan una gran precariedad laboral.
Parte de esta política represiva provincial sobre la juventud, es la desaparición de Facundo Rivera Alegre en febrero de 2012. Facundo fue perseguido y detenido en múltiples ocasiones por la Policía provincial, y su familia la denuncia como partícipe de su desaparición.
Exigimos el inmediato cese de las detenciones arbitrarias, malos tratos u otras denigraciones humanas y la aparición con vida de Facundo Rivera Alegre. Resulta menester las inmediatas modificaciones legislativas de toda normativa que institucionalice toda violación de derechos humanos en la provincia de Córdoba.
Licenciado Elvio O. Toscano
Presidente de APDH local
(Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)
Le responden a la UCR
Impulsar la superación de la disfuncionalidad y el sistema corporativo que añida en la Justicia no se contrapone a su sostener independencia
En recientes declaraciones el comité de circuito de la UCR le imputa al Gobierno municipal y a dirigentes de nuestro partido de atentar contra la independencia de la Justicia y apoyar la reforma del sistema judicial impulsada por el Gobierno nacional, amparados en el ánimo de manipular la decisión de los jueces para impedir las investigaciones que involucren a los integrantes del Gobierno en supuestas maniobras delictivas.
Nada más alejado de la realidad. Al contrario, lo que sí pretendemos es una Justicia que muestre voluntad y celeridad para investigar y fallar en todas las causas que están en sus manos, superando la parálisis judicial que muestran aquellas causas que involucran a integrantes de grandes grupos económicos o a los propios grupos.
Queremos una Justicia que no paralice durante años una ley como la de Servicios Audiovisuales, conocida como Ley de Medios, para beneficiar los intereses del Grupo Clarín.
Queremos una Justicia que además de investigar a fondo y de manera pronta las denuncias que existen sobre el empresario Lázaro Báez sobre el lavado de dinero en paraísos fiscales, haga lo propio y con la misma celeridad en la causa de lavado de dinero que involucra a grandes empresarios argentinos, encabezados por los directivos de Clarín. Una causa idéntica a la que denuncia (Jorge) Lanata y que lleva parada más de cinco años.
Queremos una Justicia que deje de ser un reducto en el que ingresan sólo los miembros de aristocráticas familias que en nombre de los valores republicanos y la división de poderes, paralizan por años y décadas las políticas impulsadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacional, en aras de los intereses de los grupos económicos-mediáticos concentrados que se resisten a perder privilegios sostenidos en la exclusión de las mayorías.
En definitiva, creemos que es necesario “un cambio radical” en la Justicia para superar la disfuncionalidad del sistema judicial y quebrar el sistema corporativo que añida en su seno. Sin que en ello vaya implícito intento alguno de manipular la independencia del Poder Judicial y de los jueces.
No hemos sido nosotros quienes abarrotamos los despachos judiciales nacionales, y provinciales con funcionarios de reconocida militancia partidaria. Todo lo contrario, como lo demuestra el haber impulsado una Corte Suprema de excelencia e independencia y un Consejo de la Magistratura para la elección de los jueces.
Sebastián Capurro - Secretario general PJ Verónica Vivo - Presidenta Alterna PJ
Gerardo Russo - Presidente PJ